Vuelven los ruidos de referéndum para la independencia de Escocia. En la constitución no escrita del Reino Unido se acepta esta posibilidad de forma pacífica pues ha habido un cambio esencial, el Brexit, que justifica la repetición del referéndum de 2014. Pero profundicemos en la propuesta y, sobre todo, veamos cómo afectan estos movimientos a nuestros problemas territoriales.
Parece que las encuestas -aunque las carga el diablo- mantienen estable la intención de voto 55-45 a favor de la unión. También hay que recordar -y en esto el gobierno de España debe de ser muy contundente- que no parece que la secesión de Escocia implique su automática adhesión a la Unión Europea. Sería un precedente muy negativo para España. La voz más clara a este respecto en la UE vuelve a ser la nuestra e incluso se habla de un solo veto, el español. Creo que se impone exigir que algunos de los países más importantes de la UE se posicionen al respecto.
Además, hay otra circunstancia que condiciona el voto y no es otra que la restauración de las fronteras entre el Reino Unido y la UE. Restauración que, lógicamente, se haría extensiva a una Escocia independiente, con todo lo que ello implica en el ámbito del comercio interior entre los dos reinos que se separan. Hay que recordar que, si bien Inglaterra tiene -en términos de población y PIB- algo más del 80% del total del Reino Unido, los escoceses venden cuatro veces más al resto del Reino Unido que a la UE.
Sobre la política doméstica hay algunos datos que pueden tener alguna similitud con España: Nicola Sturgeon, líder del gobierno regional y del SNP, pretende celebrar un nuevo referéndum a finales 2018 o en la primavera del 2019. Y esta vez sí, la carga de la defensa del Reino Unido la tendrá que protagonizar el partido conservador, principal partido en la oposición en Escocia. En el referéndum de 2014, el primer partido en la oposición en Escocia era el partido laborista. En este sentido hay que recordar y elogiar la formidable campaña que hizo Gordon Brown, entonces, incluso cuando estaba fuera de la primera línea política.
El PP en Cataluña es la quinta fuerza de un parlamento en el que la proporción de representantes a favor de la independencia es del 53%, y eso incluyendo a Podemos entre los no secesionistas. En las elecciones al Congreso de los Diputados el PP vuelve a ser, en lo que a la aportación catalana se refiere, la quinta fuerza, pero la proporción independencia/unión cambia claramente a favor de la última, siempre contando con que Podemos sea considerada fiable en su posición. El resultado es de 17 diputados independentistas frente a 30 que no lo son, es decir, un 63% a favor de la unión con España. Esta diferencia entre el voto autonómico y nacional es habitual en Cataluña. Quizá sea un reflejo del seny catalán, muy propio de algunos personajes de los barrios altos de Barcelona que proclamaban, sin perder un átomo de coherencia, que votaban a Maragall para la alcaldía, a Pujol para la Generalitat y a Aznar para la Moncloa. Espero que no fueran viejos tiempos.
Las implicaciones para España son muy importantes. Diría que esenciales. La historia del nacionalismo nos enseña que este nace en oleadas: 1815, 1830, 1848, 1918, post 1945, 1990. Este efecto que podríamos llamar de “explosión por simpatía” no está muy bien estudiado, pero es un hecho que tiene muy pocas excepciones. Quizás tenga que ver con el fuerte componente ideológico que tiene el nacionalismo y su capacidad para radicalizarse y lograr la movilización necesaria para obtener la secesión, es decir, la capacidad de generar una avalancha del ánimo independentista que resulta imparable.
Hay cuatro problemas territoriales serios en nuestro entorno de renta y cultura política: Escocia, Quebec, la partición de Bélgica y nuestros nacionalismos vasco y catalán. Los primeros ya han celebrado referendos sin éxito, aunque hay que recordar que el de Quebec fue muy ajustado. La partición de Bélgica es un embrollo difícil de comprender y que tiene un respaldo muy errático dependiendo del tiempo y de cómo se resuelve la inclusión o no de Bruselas, francófona pero sin conexión territorial con Valonia. Y para nuestros problemas catalán y vasco -o viceversa en importancia dependiendo de la época o legislatura- no existe respaldo constitucional, al contrario que en los otros casos, para convocar un referéndum. Aunque sí parece que el derecho a decidir es mayoritario, pues se incorpora la representación de Podemos y una parte importante del PSOE.
Un profesor entendido en estas cuestiones suele afirmar que, con una renta per cápita por encima de los 25 mil euros, no es factible la secesión. El coste de la misma sería inasumible por las clases medias, que son las responsables de mantener la cohesión nacional. Creo que es acertada esta afirmación, pero para ello es fundamental recuperar las políticas dirigidas a éstas, resolver el atroz problema del paro de sus hijos y la falta de proyecto que ello conlleva y hacer que crezcan y no se sientan fiscal, moral e ideológicamente perseguidas o, al menos, olvidadas en el debate público.
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