El Ayuntamiento de Palma, formado por un pacto de perdedores establecido entre el PSOE, la coalición Més per Palma, en la órbita de Podemos, y Son Palma, que arrebató la alcaldía al PP en las ultimas elecciones municipales, ha lanzado una más que controvertida propuesta de la mano de su teniente de alcalde de Urbanismo Antoni Noguera: prohibir a partir del próximo verano el alquiler turístico en las viviendas plurifamiliares de todos los barrios de la ciudad, amenazando con multas de hasta 40.000 euros a quienes incumplan la normativa.
Se da la circunstancia de que el Consistorio no tiene competencias en esta materia y que el Gobierno autonómico está preparando una normativa en este aspecto, por lo que el adelanto del Ayuntamiento ha causado malestar. Como malestar también ha provocado en el propio Consistorio palmesano, pues, según parece, Antoni Noguera ha actuado por libre sin contar con el consenso del tripardito. Así lo ha manifestado explícitamente la socialista Joana Adrover, concejal de Turismo.
No es extraño, por otro lado, que la idea, que Noguera defiende a capa y espada, señalando incluso que no va a buscar ningún consenso, haya ocasionado división interna, y rechazo en buena parte de la ciudadanía, pues resulta un dislate tal y como está planteada, ya que el argumento esgrimido es que los alquileres turísticos elevan los precios de las viviendas, perjudicando a los palmesanos. Pero, semejante planteamiento es discutible por numerosas razones, empezando porque no solo no tiene en cuenta sino que atenta contra el derecho de los propietarios a alquilar sus viviendas. Y no solo eso. Como es sabido, el turismo es una de las fuentes económicas más importantes de nuestro país. Naturalmente, como todo, puede tener aspectos problemáticos que no es negativo abordar. Pero, desde luego, ninguna solución a posibles desajustes pasa por arbitrarias limitaciones de la propiedad privada como es por la que aboga Antoni Noguera.
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No(
