Según ha desvelado la prensa económica, los problemas del sector financiero con sus activos inmobiliarios no han terminado. En España hay cerca de 90.000 viviendas “okupadas” de forma ilegítima. En torno al 80 por ciento de ellas están en manos de los bancos españoles, y de compañías que están vinculadas a la Sareb. Es un grave problema, porque hace que los inmuebles pierdan valor. La experiencia muestra que cuando se utiliza una vivienda sin el incentivo por mantener su valor, el resultado es una degradación paulatina.
Desde luego, la ocupación es una solución momentánea para quien elige una propiedad ajena para vivir. Pero es una solución injusta, por un lado, e insegura por otro. Favorece el ventajismo y degrada la propiedad, que es el fundamento de una sociedad ordenada y próspera. Y, en consecuencia, tiene efectos muy perniciosos para el conjunto de la sociedad. Nadie puede decir que en España no haya instrumentos suficientes para cubrir las necesidades de vivienda de la práctica totalidad de quienes vivimos en el país. Es cierto que la dureza de la crisis económica ha llevado a centenares de miles de familias a situaciones con pocas alternativas. Pero también lo es que quedarse con la propiedad ajena no puede ser una de ellas. Al contrario: generará inseguridad jurídica y, a la postre, terminará por encarecer los precios de la vivienda.
La crisis económica no es la única causa de este pavoroso aumento de la ocupación ilegal de viviendas. Hay cierta legitimación de esta forma de robo por parte de la sociedad, como la hay desde parte de las fuerzas políticas, incluso desde algunas instituciones. Cabe pensar que la recuperación del empleo facilite el necesario esfuerzo para que se respete la propiedad en España, y que la sociedad se conciencie de que sólo los medios legítimos son los idóneos para que los ciudadanos logren satisfacer sus necesidades.
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