Ley de medios de comunicación en Argentina

El gobierno de la presidente Cristina Fernández de Kirchner ha enviado en estas semanas un proyecto de ley denominado “Ley de servicios de comunicación audiovisual” destinado a reformular el panorama de los medios de comunicación en la Argentina.

Las características generales del proyecto han sido descriptas por Enrique Aguilar en su columna del día miércoles 2 de septiembre –Ley mordaza para la prensa-, de manera tal que me referiré a los tres argumentos, que entiendo principales, esgrimidos desde el oficialismo para sustentar la relevancia y la necesidad de la sanción de esta propuesta legislativa.

El primero de ellos sostiene que la sanción de esta iniciativa está destinada a saldar una deuda de la democracia argentina instaurada en 1983, siendo esta la primera presentada a lo largo de estos 26 años transcurridos en democracia. El segundo argumento se basa en la necesidad de una auténtica democratización de la propiedad de los medios de comunicación, amenazada por la existencia de organizaciones monopólicas con presencia predominante en el mercado audiovisual. El tercer y último, vinculado con el anterior, permite plantear la necesidad de un auténtica libertad informativa acicateada por la presencia de carteles y grupos mediáticos de carácter monopólico que han transformado la libertad de prensa en libertad de empresa.

En relación al primer argumento merecen ser realizadas por lo menos tres aclaraciones: la primera es que no se trata del primer proyecto presentado en democracia, dado que durante las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De La Rúa se presentaron diferentes propuestas destinadas a reemplazar la ley vigente desde la última dictadura militar; la segunda es, aún compartiendo la idea de que este tema representa una asignatura pendiente de la democracia, que 6 de los últimos 26 años corresponden a las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, y tercero, este proyecto se presenta en el marco –las ciencias sociales nos vienen muy bien a recordar que no hay texto sin contexto- del enfrentamiento político entre el gobierno nacional y Clarín, uno de los grupos mediáticos señalado como el más representativo “monopolio informativo”.

Respecto del postulado de la necesidad de la desmonopolización de los grupos mediáticos, esta razón esgrimida resulta llamativa, aún siendo interesante en su espíritu, habiendo sido la propia administración de Néstor Kirchner quien en el año 2005 procedió a prorrogar las licencias de radio y televisión acordadas en la década anterior y pocos días antes de la finalización de su mandato acepto la fusión en el negocio la televisión por cable entre las empresas Multicanal y Cablevisión, permitiéndole de esa manera al Grupo Clarín el control del 60 por ciento del mercado en ese rubro ¿Vendrá este proyecto de Cristina Fernández a corregir “la nefasta herencia recibida”?

Finalmente, la preocupación por la libertad y transparencia informativa resulta opacada por la presencia de instituciones dentro del propio aparato del estado que proveen información con severas distorsiones, tal es el caso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) como ejemplo manifiesto además de la confusión entre lo estatal, lo gubernamental y lo partidario.

Estas líneas representan en definitiva el intento de iniciar la discusión sobre las formas, aún cuando esas formas terminen representando el fondo de la cuestión.