El dato del déficit se come a Urdangarín y Garzón

Los tribunales y el déficit público han acaparado otra vez la información política de este lunes. En el primer capítulo, la resaca de la comparecencia de Iñaki Urdangarín ante el juez José castro y la absolución del ex magistrado Baltasar Garzón por sus actuaciones en la investigación de los supuestos crímenes cometidos durante el franquismo han sido los principales titulares del día. Pero lo que iban a ser los titulares del día se han caído al conocerse el dato definitivo sobre el déficit público del Estado durante 2011, que alcanzó el 8,51 por ciento, ha caído como un jarro de agua fría, no por esperado, sobre las previsiones del Gobierno. Si la previsión de déficit que el Gobierno socialista para este año quedó fijada en el 6 por ciento y provocó que el nuevo Ejecutivo del PP subiera el IRPF para reducir en 16.500 millones de euros los gastos del estado, ahora la cifra del 8,51 eleva hasta los 41.000 millones de euros el recorte que el Gabinete de Rajoy debe acometer durante 2012 para cumplir el 4,4 por ciento comprometido ante Bruselas para este año.

Todas las alarmas que desde Moncloa y el PP se habían lanzado sobre la falta de realidad de la previsión efectuada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ante el déficit público de nuestro país han saltado hoy por los aires. Ya no es el seis por ciento. El ministro de Hacienda y Administraciones Pública, Cristóbal Montoro, ha confirmado este lunes que la cifra definitiva del déficit público durante 2011 fue el 8,51 por ciento.

Uno de los peores escenarios posibles, más de dos puntos y medios sobre el límite fijado por la Unión Europea para nuestro país en el año pasado y para la política económica del Ejecutivo socialista presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, y como recuerdan las fuentes consultadas por este diario, “con Alfredo Pérez Rubalcaba como vicepresidente del Gobierno y candidato socialista en las elecciones generales del pasado 20 de noviembre”. Las mismas fuentes insisten en que si con la previsión del seis por ciento el Gobierno de Rajoy se vio obligado a efectuar un primer ajuste de 16.500 millones de euros, con una subida del IRPF incluida, “¿qué puede pasar ahora cuando la desviación sube 25.000 millones de euros más de lo previsto, para alcanzar los 41.000 millones de euros?”En este sentido, señalan que “José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba y el PSOE dejaron un enorme agujero en las cuentas del Estado que explican el por qué el Gobierno de Mariano Rajoy quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año a finales de marzo, una vez conocidos todos los datos, pese a las presiones que desde los propios socialistas y algunos dirigentes de la Unión Europea, quizás sabedores de lo que realmente estaba pasando en España, la imposibilidad de conseguir el 6 por ciento comprometido por el anterior Ejecutivo y no fueron capaces de decirlo en su momento”.

Otro dato interesante de las cifras aportadas por Cristóbal Montoro. La única Comunidad Autónoma que se ciñó durante 2011 al déficit comprometido fue la madrileña, liderada por Esperanza Aguirre. Los analistas consultados por este diario señalan que, precisamente, “la presidenta madrileña fue y ha sido el gran objetivo de todas las críticas socialistas y de la izquierda en muchas de sus movilizaciones callejeras, hasta el punto de durante la única huelga general convocada contra el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, entre otras cosas, por una reforma laboral, el acto central de la protesta se celebrara frente a la sede de la Comunidad de Madrid”.

El dato de déficit público, en lenguaje periodístico, se ha comido las últimas novedades de la comparecencia del Duque de Palma ante juez José Castro y la absolución de ex magistrado Baltasar Garzón por sus investigaciones sobre los supuestos crímenes cometidos durante el franquismo. En sus declaraciones como imputado por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus negocios y actividades personales, Iñaki Urdangarín aseguró que su socio en el Instituto Nóos, sobre el que se centran las investigaciones judiciales, Diego Torres llegó a hacerse pasar por él para sacar 180.000 euros de esa firma en 2008, con cheques al portador, sin su permiso, por valor, cada uno de ellos de 2.500 euros. No obstante, aunque aseguró ante el juez instructor del caso “Palma Arena” que tenía la sensación de “las cuentas no eran transparentes”, afirmó que no denunció a su ex socio “porque no tenía evidencias legales que lo posibilitaran”, y a preguntas del fiscal sobre si hoy tomaría esa decisión, aseguró que “de momento, no”, según informa la agencia Europa Press.

Y mientras, el Tribunal Supremo ha absuelto al ex juez Baltasar Garzón, por seis votos a uno, del delito de prevaricación por investigar los supuestos crímenes y las desapariciones cometidos durante el franquismo porque considera que su decisión de declararse competente en esta causa fue simplemente “errónea”. No obstante, la sentencia subraya que los hechos que Garzón quiso investigar estaban prescritos y considera plenamente aplicable la Ley de Amnistía, “promulgada con el consenso total de las Cortes Constituyentes y consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas políticas ideológicamente contrarias al franquismo”. Precisamente, la Ley de Amnistía fue uno de los argumentos utilizados por el ex juez, expulsado de la carrera judicial al ser condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por escuchar las conversaciones en prisión entre los supuestos cabecillas de la trama “Gürtell” y sus abogados defensores, para incidir en la legalidad de sus investigaciones sobre los supuestos crímenes cometidos durante el franquismo, al asegurar que esa norma no impedía actuaciones sobre presuntos delitos contra la humanidad o de genocidio. Uno de los errores que según el Alto Tribunal, cometió Garzón, porque las leyes que permiten perseguir esos crímenes “no estaban vigentes al tiempo de la comisión de los hechos”.