Por un sector público sostenible

Las negociaciones de última hora entre el Partido Popular y el PSOE para alcanzar un acuerdo sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria no han dado frutos, y finalmente la norma saldrá adelante con los 192 diputados que aportan el partido que sustenta al Gobierno más CiU, UPyD, Foro y UPN. El PSOE se cuenta con el apoyo, en su negativa, de IU, ICV, ERC y Amaiur, mientras que el PNV se ha abstenido.

Lo primero que cabe decir es que al PSOE, como al resto de grupos opositores, les asiste el derecho democrático de oponerse a la política del Gobierno, un derecho que los socialistas cuestionaba cuando, en la pasada legislatura, era el PP el principal partido de la oposición. El PSOE se basa en que la norma constitucional fija un límite de déficit del 0,4 por ciento del PIB, mientras que la Ley Orgánica que la desarrolla fija otro del 0 por ciento; es decir, equilibrio entre ingresos y gastos, a partir de 2020. Los socialistas no parecen apreciar que el hecho de que la Constitución imponga un límite máximo no implica que el desarrollo normativo imponga otro menor.

Hay que recordar que fue Zapatero quien impulsó el acuerdo con los populares, al que se oponía Alfredo Pérez Rubalcaba. Y los socialistas mantienen un discurso que es contrario a los límites financieros a la actuación pública, pese a que son una apuesta por la acción pública sostenible. Los socialistas deberían hacer una seria reflexión sobre la necesidad de limitar el déficit, más allá de si consideran que el límite debe fijarse en un nivel u otro. Si quieren identificarse con la actuación pública, deben considerar que lo mejor es evitar los excesos. Y eso exige cambiar su discurso. Esta crisis no sólo le ha dado lecciones a los bancos centrales o al sistema financiero. Las administraciones también deben sacar sus propias conclusiones, como la de que ponerse límites puede fortalecer al sector público a largo plazo.