Unión Cívica Radical: ¿dónde quedaron los principios?

Muchos argentinos conservamos vivo el recuerdo del presidente Raúl Alfonsín recitando el Preámbulo de la Constitución Nacional para saludar, en diciembre de 1983, la llegada de la recuperación democrática.

La invocación de esa verdadera oración laica había sido determinante, en plena campaña electoral, para inclinar el voto mayoritario hacia la Unión Cívica Radical (UCR) frente a un peronismo nada remozado que enarbolaba banderas de confrontación en manos de dirigentes de dudoso prestigio. Se trataba, por lo demás, de una invocación inscripta en la tradición de un partido cuyas bases doctrinales postularon desde su nacimiento el respeto por la Constitución y las instituciones.

Sin embargo, esa tradición parece haberse desvirtuado con el apoyo que la UCR brindó a la ley que selló la confiscación del 51 % del paquete accionario de YPF. Excepto por algunas voces disidentes (dos diputados radicales abandonaron el recinto y uno solo votó en contra), lo cierto es que la opinión orgánica del partido fue la de acompañar la sanción de una ley que pone al descubierto la falta de seguridad jurídica en la Argentina (esas “palabras horribles”, según nuestro Viceministro de Economía) y la escasa preocupación que esta carencia viene suscitando entre nuestros representantes.

La UCR ha sido infiel a su propio ideario y en nombre de una concepción imprecisa e instrumental de la soberanía ha consentido sin remordimientos la violación del artículo 17 de la Constitución que establece, entre otros conceptos, que “la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada”. Que este partido histórico haya dejado de ser hace rato una alternativa de gobierno es para mí algo realmente menos grave. De ahora en más, es improbable que me parezca siquiera confiable para canalizar, en ámbitos de deliberación legislativa, una postura independiente o crítica.