El Gobierno presenta un plan de empleo de 1.318 millones y ahorra 17,5 millones en patrimonio inmobiliario

Ni una palabra sobre la principal previsión del Consejo de Ministros de este viernes, que aún no tiene listo el Ejecutivo, como ha reconocido Soraya Sáenz de Santamaría: el anteproyecto de ley para reformar la Ley de Bases del Régimen Local, que consiste en reordenar el mapa de poderes. Según lo avanzado, los ayuntamientos deberán asegurar unos requisitos mínimos de eficiencia –que pasan por el cumplimiento de la Ley de Dependencia- para poder prestar servicios. Los incumplidores con menos de 20.000 habitantes cederán sus competencias a las diputaciones provinciales. Los de mayor tamaño podrán hacerlo de forma voluntaria. Los consistorios disponen de un año desde la entrada en vigor de la norma para el examen obligado de eficacia, que consiste también en detectar duplicidades.

Sí se ha referido Sáenz de Santamaría al plan anual de política de empleo de 2012, con un fondo económico de 1.318 millones de euros: 966 a reforzar la formación de trabajadores y parados y 318 a medidas de fomento del trabajo como la orientación profesional. El foco está puesto en los colectivos más afectados, jóvenes y parados de larga duración y también en la lucha contra el fraude laboral. El plan cuenta por primera vez con mecanismos de control y explicación para que cada euro dedicado quede justificado.

De la inversión al ahorro: el plan de reordenación del patrimonio inmobiliario, con el objetivo de reducir el gasto de alquileres, optimizar el uso del espacio o concretar un inventario de los 53.662 inmuebles del Estado. De 1 de enero a 2 de julio, según datos de la vicepresidenta, el dinero salvado asciende a los 17,5 millones de euros.

Reforma en el Poder Judicial
Junto a la vicepresidenta se encontraba este viernes Alberto Ruiz-Gallardón, quien ha dado cuenta de las conclusiones de la comisión de expertos que estudia desde marzo la reforma de la Ley Orgánica del poder Judicial (LOPJ) con el fin de despolitizar y mejorar el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La intención es que doce de los veinte vocales sean elegidos por los jueces y que el resto sean consensuados en el Congreso de los Diputados y el Senado.

El presidente del Tribunal Supremo será el único miembro con dedicación exclusiva y gozará de un vicepresidente que no formará parte del Consejo. Para ser presidente se deberá haber sido miembro del Supremo al menos durante tres años o tener una experiencia de 25 años en la carrera. La función de los vocales no varía y serán retribuidos por la asistencia a cada reunión mediante dietas.

Además, se reducen las comisiones a tres: la permanente –órgano de mayor importancia, compuesto por el presidente y cuatro vocales, elegidos anualmente-, la disciplinaria y la de igualdad.Por último, la mayoría simple se establece como fórmula para la toma de decisiones salvo en cuestiones de gran relevancia.

El ministro de Justicia se ha referido en todo momento a necesarios “espacios de encuentro”. A su parecer, se trata de un “sensible” pilar del Estado de Derecho, lo que exige la necesidad de buscar “el más amplio consenso”. Ruiz-Gallardón ha aludido “muy especialmente” al Partido Socialista, formación con la que espera entablar una negociación constructiva y que dé lugar a una norma con “garantía de continuidad”.