Evitar masacres con armamento privado

De nuevo, la acción criminal de un tirador solitario ejecutando a sangre fría un plan minuciosamente concebido para causar una masacre salta a la primera plana de los periódicos de medio mundo. Esta vez el escenario de la tragedia ha sido el estado norteamericano de Colorado. Un joven californiano ha dado muerte a doce personas, hiriendo a otras cincuenta y nueve, en la oscuridad de una sala de cine de Denver, antes de entregarse a la policía armada con un fusil de asalto, un rifle, dos pistolas y otros pertrechos militares, sin contar la red de explosivos-trampa que articuló en su vivienda con tal destreza que los efectivos policiales han renunciado a desactivar, optando finalmente por hacerlos estallar controladamente mediante la utilización de robots.

La conmoción y el horror causados irrumpieron en plena campaña electoral que enfrenta a Obama contra Mitt Romney por la presidencia norteamericana. Ambos lamentaron la matanza pero evitaron cuidadosamente reabrir el debate sobre la venta y posesión de armas. El joven James Eagan Holmes, autor de la carnicería, había adquirido su arsenal respetando todos los requisitos legales. Desde el punto de vista de la opinión pública europea resulta más que difícil asimilar esa ligereza de trámites para comprar verdaderos arsenales con mortíferas consecuencias, y frecuentemente se atribuye esa facilidad a los intereses de la industria que los fabrica. En realidad, los motivos no son tan simples. El uso privado de armamento está profundamente arraigado en los derechos del ciudadano republicano y posee resonancias clásicas y hondos orígenes en leyes anglosajonas antes de la propia existencia de Estados Unidos. Esta jurisprudencia de raigambre británica quedó nítidamente estipulada en la Segunda Enmienda a la Constitución estadounidense, donde se formula el derecho del pueblo a portar armas. Un derecho refrendado por la Corte Suprema de Estados Unidos en sentencias de 2008 y 2010, protegiendo a los ciudadanos para acceder al uso de armas de fuego. De ahí la cautela con que reaccionaron ambos candidatos a las próximas presidenciales.

Pero los hechos son tozudos. Muy cerca de los cines donde se ha producido la última masacre, más de doce personas fueron ejecutadas en una escuela secundaria a manos de dos alumnos. En la Universidad de Virginia, las víctimas mortales aniquiladas por un estudiante ascendieron a treinta y dos. Un promedio de treinta mil personas mueren al año por disparos en un país donde se calcula que doscientos millones de armas están en posesión de civiles. Estos datos tienen incluso una dimensión internacional, pues delincuentes extranjeros tienen en Norteamérica una fuente de aprovisionamiento cómoda para actuar en otros lugares. Es el caso de las organizaciones de narcotráfico mexicanas, que consiguen con facilidad un armamento, en ocasiones aún más potente que el de la policía o el ejército, para perpetrar espantosas masacres e implantar el terror al otro lado de la frontera.

Ante datos tan contundentes, es más que sensato el pronunciamiento del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, exigiendo que los dos candidatos se pronuncien con claridad en la campaña sobre el armamento en manos de civiles. El derecho a adquirirlo es algo incuestionable, pero las recientes sentencias de la Corte Suprema han señalado también la necesidad de establecer condiciones que controlen y limiten el derecho a disponer de armas.

En vista de la reiteración de terribles y lamentables sucesos como el recién ocurrido en Denver, sería extraordinariamente positivo que en la campaña electoral se debatiese el modo de desarrollar e imponer a escala federal los controles y límites que la interpretación del texto constitucional permite. De existir, las armas no pueden caer en manos de menores, de perturbados o de delincuentes internacionales. Una auténtica voluntad política de imponer las verificaciones y controles racionales que señaló la propia Corte Suprema evitaría auténticas sangrías dentro y fuera de las fronteras estadounidenses.