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Situación anómala

Antonio Domínguez Rey
sábado 25 de agosto de 2012, 18:19h
La situación social se complica de día en día. Mientras los sueldos y capacidad de adquisición bajan, precios e impuestos suben. Y no se consigue el equilibrio necesario entre la realidad diaria del consumo, el valor del dinero, su ajuste proporcionado, la inversión social y el concierto político. La consecuencia inmediata es el empobrecimiento paulatino de la sociedad, el desajuste de la clase media, que cifra el estatus de las democracias, la desaparición del ahorro, y desconfianza progresiva hacia los políticos.

Lo más grave de esta situación, su causa larvada, es, sin embargo, la pérdida de confianza social. Es esta el fundamento de la democracia y la exigencia mayor del político. Sin confianza, los males persisten y se multiplican. A los políticos votados en las urnas no se les pide otra cosa más importante: que generen fe cívica, ciudadana. Algo en principio simple, pues requiere voluntad sincera de atender a los fundamentos democráticos del Estado, el bien social de los individuos, su progreso, desarrollo, esperanza, la convivencia y entendimiento común con las garantías que los avalan: paz, seguridad, trabajo, educación, asistencia médica, justicia, libre expresión de ideas sin perjuicio democrático, etc.

De tan simple, olvidamos lo fundamental. La democracia española desvincula, poco a poco, las funciones del Estado, Gobierno, Parlamento, Judicatura y responsabilidades cívicas. Quien contemple con seriedad y en conjunto la realidad económica de bancos, entidades crediticias, industria, comercio, empresas relacionadas directamente con el consumo, el ejercicio de aquellas instancias, comprueba que aquí sucede algo anómalo.
España cuenta con financieros de prestigio mundial. Algunos empresarios y personas figuran entre los primeros puestos de riqueza del mundo. Hay empresas que contratan obras de rango internacional en Inglaterra, EEUU, China, Méjico, otros países comunitarios y emergentes. Bastantes científicos y técnicos cualificados trabajan en despachos gubernamentales, industrias de países que invierten, o invertían, en nuestro país, y organismos internacionales poderosos. Se están yendo, por miles, jóvenes bien preparados o que muestran condiciones idóneas para ello a esas y otras naciones más vertebradas que la nuestra. El Estado lanza deuda pública continuamente, como si aquí existiera un agujero negro, sin fondo, de las finanzas.

No obstante, el paro resulta imparable. Las medidas de ajuste, aprietan periódicamente. Se sacrifica a quienes trabajan y lo hacen bien. La administración replica sus funciones o las reduce afectando a aquellos principios básicos, fundamentales, de la democracia. Ningún gobierno de un país consolidado consiente que se deteriore la función pública cualificada, los funcionarios. La incertidumbre, crece. Los índices de formación, se tambalean. La seguridad, inquieta. Los actos violentos, se multiplican. La mofa de las instituciones se convierte en ejercicio lúdico de quienes las sustentan. Y la indolencia ante la situación, preocupa.

Panorama anómalo. El Gobierno prefiere, por ejemplo, subir desmedidamente el IVA en vez de exigir competencia a las inspecciones laborales. Esto no interesaba antes ni ahora. Afecta a la imagen social y al voto. La inspección efectiva de comercios, industria, banca, contratos laborales, empleo…, daría resultado, si lo diera, no antes de tres años. Y el ejecutivo necesita dinero fresco, “cash”, al tiempo que incrementa la deuda y caución pública, su libertad, por muchos años. Para ello, recurre a las nóminas, parte sustancial del Estado. En cuestión de segundos se obtiene, recortando sueldos oficiales, el dinero saludable, una salud de enfermo crónico. Es un modo de ganar tiempo, y las horas, días, meses…, legislatura -otra más-, se las traga, de nuevo, la deuda de los intereses. Un círculo vicioso. Confían al futuro lo que el presente no ofrece.

Se ha creado un interregno peligroso. Esperando a Godot -el dinero prometido por Bruselas-, el hoy, la situación actual, se complica y el “pero mañana seguro que sí”, como en la famosa obra de Samuel Beckett, puede convertirse en la también famosa patada en el trasero.
La consecuencia inmediata, ya la conocemos: más paro virtual y efectivo; más desconfianza; más trabas internacionales; mayor mofa institucional; más estrechez económica.

El Gobierno anterior a este calculó bien lo que sucedería y pretende obtener recompensa. No le conviene, bajo ningún aspecto, que la situación mejore. En vez de organizar una oposición constructiva, lo cual exige un cambio serio de rostros y discurso en los cargos fundamentales, prefiere contribuir a que los miembros del ejecutivo vigente fracasen. Para ello ha medido bien los regalos económicos de antepenúltima y última hora de legislatura a sociedades, grupos y agentes civiles que ahora puedan incordiar basándose en el resultado de las condiciones que ellos mismos crearon no hace mucho tiempo. Establecen un cerco de rebeldía contra la sombra de la figura que fueron. Es un modo de obtener crédito del fracaso político y de anular el efecto de la mayoría absoluta. A más imagen revuelta, más olvido por parte de la población de quienes han causado esta lacra. El ruido informático distorsiona y arroja siempre sus consecuencias sobre quienes ostentan el poder político. La vigencia del presente es poderosa. Quien sepa jugar con ella a río revuelto, pesca.

Se une a esto otro factor más delicado, también cínico. Existe una economía subterránea que aflora impune ante las narices de los mandatarios. Hasta dependen de ella. Su origen y fuente de ingresos resulta complicado. Nadie duda de que el dinero fácil de la política, sobre todo el recibido de Europa, a espuertas, durante los años precedentes, y el trabajo “negro” con personal indiscriminado figuran entre sus causas. Otra parte importante corresponde al tráfico de droga. Los índices oficiales de consumo y otros internacionales arrojan un tanto por ciento elevadísimo de distribución de alucinógenos en España. Hace pensar en que sectores cualificados de la población son adictos, digamos, prudentes. Y esto afecta también a sus funciones, empleos. La pescadilla sigue mordiéndose la cola y la cabeza.

A los promotores y agentes sociales les conviene esta situación por razones varias. Cuentan con mano de obra más asequible. Fuerzan a los funcionarios a recurrir a otros trabajos menos remunerados y, por ello, a contribuir a una producción con tasa de rendimiento fraudulenta. Abusan del obrero cualificado. No solo les pagan menos, les exigen trabajo en balde, especialmente los fines de semana. Consideran que, contar con empleo, ya es un modo de remunerarlo. De aquí a modos mafiosos de contratación y ejecución de obras, sólo un paso. Como no consiguen desvirtuar del todo la función pública, ahogan los salarios y obligan a las familias a funciones precarias o delictivas. Disponen de afiliados dependientes, bocas, encima, aduladoras. Y esto incrementa el servilismo, el recurso a sociedades que ven incrementada su cuota de afiliación y protesta bien gobernada.

Aún así, más grave resulta la indolencia del Estado ante la mofa de la Justicia, los medios policiales y el Gobierno. Se está generando una actitud indolente ante actos de vandalismo, protesta y ocupación de bienes privados o públicos, algunos de ellos promovidos por representantes oficiales del Estado o que lo fueron. ¿Qué se hizo con los fondos autonómicos durante más de treinta años de poder político monocorde en el sur de España? ¿No hubo tiempo para generar industria, empresas, comercio y evitar así bolsas de desempleo perenne? Tampoco interesaba ni interesa solucionar este problema. Lo importante es mantenerlo como fuente continua de clientelismo. De otro modo, desparecerían las organizaciones que lo sustentan.

Ya cité en otro artículo la oferta que Helmut Kohl, el presidente alemán, hizo al nuestro de hace unos años, José María Aznar, de un tributo generalizado para todos los españoles a cambio de que nos dejáramos guiar por sus directrices, proyectos, inversiones. De ser cierto esto, podemos imaginar la consideración que merecemos en Europa. Hace tiempo que quieren “rescatarnos”, pero de un pozo negro. Y la profundidad se abisma. Está claro que a una parte sustancial de la población española no le conviene. Sin duda, lo que vivimos actualmente ante el descaro de bancos y políticos, por una parte, ciertos sindicatos, por otra, y la indolencia gubernamental, en el centro, no ayuda a cambiar la imagen. La marca que se pretende de España en Europa y resto del mundo, sigue siendo la que llevamos impresa.

Antonio Domínguez Rey

Filósofo, Catedrático de Lingüística y escritor.

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