Niños robados, sigamos buscando

Pocas veces se acumulan en un corto espacio de tiempo tantos asuntos entre los que hay que elegir uno para dedicarle la columna. El estado crítico en el que se encuentra Malala Yousufzai, la niña de 14 años que osó hacer pública, a través de un blog, la tiranía de los talibanes empeñados en impedir que las niñas vayan a la escuela, reconozco que desde ayer ocupaba el primer puesto de la lista. Sin embargo, durante toda la mañana han ido apareciendo noticias que, a pesar de su menor gravedad, también despertaban el deseo de expresar una opinión al respecto: la enésima reforma de la Puerta del Sol, la reaparición de María de Villota, el embargo de cinco fincas a Mario Conde, la querella de una de las hijas de Ruíz Mateos contra sus hermanos, la detención en Torrejón de una niña de 16 años como presunta instigadora del asesinato de su propio hermano, el logro del hospital Puerta de Hierro que supone una gran noticia para quienes esperan un trasplante de pulmón y, cómo no, la celebración del tradicional Día de la Banderita, cuya recaudación este año Cruz Roja dedicará en exclusiva a paliar la dramática situación en la que se encuentran más de trescientas mil personas en nuestro país. Hasta que ha comparecido Alberto Ruíz Gallardón para explicar a los medios el resultado de la reunión mantenida con distintas asociaciones de ayuda a los niños robados y no he podido resistirme a escribir sobre los avances que se están produciendo poco a poco en este espeluznante asunto.

El ministro ha desvelado en la posterior rueda de prensa que se creará una oficina, con sede en el centro de la capital, con dedicación exclusiva a ayudar a la localización de los niños robados. Además, se pondrán en marcha, por fin, dos ficheros, uno de ADN y otro de solicitud de información. Las víctimas podrán, por otra parte, acceder al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para validar sus pruebas genéticas y realizarse las necesarias para verificar una relación familiar biológica, aunque sólo será gratuita la primera de la pruebas. Como el propio ministro ha admitido, el camino aún será largo, pero el importante paso que se ha dado es, sin duda, una buena noticia. Porque, aunque las asociaciones que reúnen a víctimas de esta trama llevan años dejándose la piel – y probablemente también algún pedacito de alma -, sin la colaboración a nivel institucional había demasiados caminos que se veían abruptamente cortados. Sin salida. Sin llegada. Muchos de los centros sanitarios presuntamente implicados han desaparecido junto a cualquier tipo de registros y sin mandato judicial, resulta imposible acceder a aquellos que todavía existen pero no son de carácter público. Mientras que los presuntos culpables, esos que se creían con el poder de cambiar a su antojo y beneficio cientos de destinos, no tengan la decencia de colaborar con las víctimas, las respuestas sólo pueden encontrarse en papeles y, especialmente, en el cruce de los diferentes resultados del ADN que se vuelquen en el citado fichero.

Lo peor de todo es que el tiempo corre en su contra. ¿No han perdido las víctimas ya demasiados años? Habrá madres y, por qué no, también hijos que hayan fallecido sin siquiera llegar a conocer que su existencia cambió radicalmente a causa de algunas personas sin moral ni conciencia. Imposible saber cuándo y cómo empezó este escalofriante asunto silenciado e ignorado durante décadas de democracia. Incluso negado, hasta que la evidencia de tumbas vacías y de coincidencias de ADN han logrado callar las bocas que rechazaban con evidente y malsano prejuicio lo que las víctimas, cada vez más unidas y organizadas, denunciaban. Ahora, por fin, la administración ha dado un paso al frente. Las asociaciones de niños robados, por supuesto, se congratulan por las nuevas medidas, pero insisten también en que pueden hacerse más cosas, como intensificar la investigación policial o crear una “comisión de búsqueda” igual que se hizo en Argentina con muy buenos resultados. Reclaman asimismo a la Fiscalía que apruebe la instrucción que anunció hace meses para que no prescriban los casos de sustracción de bebés. Porque a pesar de que el sentido común induzca a pensar que es imposible que pueda prescribir una acción delictiva cuyos efectos siguen produciéndose cada minuto que ese bebé robado, hoy adulto, pase en una vida que no le correspondía, lo cierto es que muchos de los intentos que al principio encontraron esa señal de carretera cortada en su búsqueda de la verdad, lo hicieron como consecuencia de la declaración de prescripción con que en el juzgado se despachaba la denuncia, sin ni siquiera entrar en el fondo, mucho menos iniciar la correspondiente instrucción.