Wert da un mes más a las comunidades para que aporten ideas a la reforma

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha dado un mes más de plazo a los consejeros autonómicos del ramo para que sigan perfilando sus propuestas "técnicas" al anteproyecto de Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de manera que el texto llegará al Congreso de los Diputados a finales de enero o principios de febrero, en lugar de a finales de diciembre.

Así lo ha indicado el ministro tras reunirse durante más de cuatro horas con los responsables autonómicos en materia educativa en la Conferencia Sectorial de Educación. "Con el objetivo de facilitar el espíritu de acuerdo en el proyecto de la LOMCE, y respondiendo a una voluntad de las comunidades, hemos propuesto otorgar un plazo de un mes para afinar las propuestas de las autonomías y mejorar los aspectos técnicos", ha explicado.

El ministro ha valorado también el clima "constructivo, franco y sincero" de diálogo durante el encuentro con los consejeros y ha indicado que un número "muy alto" de estos representantes se ha mostrado "de acuerdo" con las líneas generales de la reforma educativa. En este sentido, ha destacado el apoyo de todas las comunidades gobernadas por el PP y Navarra y la discrepancia de "otras", como Cataluña y País Vasco, que han criticado una pretendida "recentralización" por parte del ministerio.

Entre los temas que han suscitaban mayor polémica se encuentra el nuevo reparto de competencias educativas: el Estado aumenta su capacidad para establecer de los contenidos mínimos y comunes para todas las autonomías, de manera que pasa del 55 por ciento al 65 por ciento, en las comunidades con lengua cooficial, y del 65 por ciento al 75 por ciento en el resto.

Según explicó el ministro, con esta medida "quedan intactas" las competencias autonómicas en materia educativa y permite "reducir la dispersión de los contenidos educativos", que, según alertó, "ya era inmanejable". Ante las críticas a esta iniciativa, sobre todo de Cataluña y País Vasco, que consideran que supone una invasión competencial, el titular de Educación ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de "clarificar" las competencias del Estado, las autonomías y los centros en el sistema educativo.

Otra de las medidas polémicas es la realización de las pruebas de evaluación censales y nacionales --dos en Primaria, una al final de la ESO y otra al final de Bachillerato, estas dos últimas necesarias para titular--, que serán gestionadas por el Ministerio de Educación y que Cataluña ha criticado por considerar que los contenidos de estas pruebas son de su competencia, de acuerdo con lo que prevé la Ley de Educación de Cataluña (LEC).

Además de las reválidas y del nuevo reparto en la elaboración de los contenidos comunes, la reforma educativa contempla adelantar la elección de los alumnos hacia la Formación Profesional o el Bachillerato, mediante optativas en 3º de ESO para que en 4º de ESO estas vías estén diferenciadas. La nueva ley incorpora Formación Profesional Básica, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial, pasan de un año y un segundo año voluntario a dos años completos.

El aumento de la carga lectiva de materias "instrumentales" como Matemáticas, Cinecias, Lengua/s e Inglés y la reducción de las opciones de Bachillerato --Ciencias e Ingeniería, Ciencias de la Salud, Humanidades, Artes y Ciencias Sociales-- son otras de las patas de la reforma, que también abre la puerta a las comunidades autónomas a concertar los centros de educación diferenciada por sexos, aumenta la autonomía de los centros escolares para implantar sus propios proyectos pedagógicos y refuerza la figura del director, que tendrán que acreditar haber superado un curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva.

Cataluña aspira a tener mas competencias y Andalucía pide "tiempo"
La consellera catalana de Educación, Irene Rigau, ha valorado tras la reunión que el plazo de un mes que se han dado las CCAA y el Gobierno para alcanzar un acuerdo sobre la reforma educativa pero ha dicho que será "difícil" acercar posturas porque Cataluña aspira a obtener más competencias, y no menos, como "quiere" el Ministerio.

La consellera catalana ha hecho estas declaraciones a su salida de la Conferencia Sectorial de Educación en la que las CCAA y el Ministerio han debatido el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y han acordado darse un mes de plazo para tratar de alcanzar acuerdos.

"Cataluña no está pensando en ir hacia atrás sino en obtener más autogobierno, y este es un proyecto que llega en dirección contraria a los planteamientos globales que en estos momentos tiene nuestro país", ha remarcado.

Por su parte, la consejera de Educación de Andalucía, Mar Moreno, ha pedido "tiempo" al ministro de Educación, José Ignacio Wert, para que la reforma educativa sea de calado y ha valorado que el Gobierno haya dado a la autonomías un mes de plazo para que sea posible el debate y el intercambio de propuestas.

En declaraciones a los medios al término de la Conferencia sectorial, Moreno ha valorado que se haya "arrancado" al Gobierno el plazo de un mes -aproximadamente hasta primeros de diciembre- para seguir negociando y ha avanzado que para entonces habrá otro encuentro con las comunidades autónomas.

Moreno ha asegurado que Andalucía aprovechará "cada minuto de este tiempo" y si no es suficiente pedirá más ya que "ni dos ni tres meses es un tiempo razonable para una ley orgánica de este calado".

La consejera ha reconocido "que menos da una piedra" y ha estimado que, al menos, esta no es la última sectorial, habrá otra, y Andalucía trabajará "hasta la extenuación" en "mover" las posiciones "más duras" que tiene el Ministerio y que tienen que ver con la falta de igualdad y con la expulsión de alumnado.