Desahucios y legalidad

El suicidio ayer de una mujer en Baracaldo ante el inminente desahucio de su vivienda es el último y dramático episodio de un problema que urge abordar. Así lo solicitaba esta pasada semana el Consejo General del Poder Judicial por boca de su vicepresidente, Fernando de Rosa, a juicio del cual la actual Ley Hipotecaria “crea una serie de disfunciones que hace que aumente el número de desahucios y que, por consiguiente, es preciso reformar”. Afortunadamente, parece que esta vez sí hay acuerdo entre PSOE y PP en esta materia -ojalá lo hubiera en más-. Eso es al menos lo que parece desprenderse de la reunión que mantuvieron Soraya Rodríguez y Soraya Sáenz de Santamaría hace pocas fechas, en aras a abordar un problema del que, sin embargo, conviene no perder de vista todas sus implicaciones.

Para empezar, el efecto dominó que podrían provocar medidas tendentes a aliviar la situación de aquellos que no pueden pagar; la posibilidad de que el número de morosos subiese como la espuma es tan cierta como preocupante para las entidades bancarias. Al mismo tiempo, la seguridad jurídica sería cuando menos cuestionada al ponerse en entredicho los efectos hipotecarios de un desahucio, con la fe pública registral como cuestión ineludible. Conviene igualmente hacer una reflexión sobre aquellos particulares que se embarcaron en gastos que difícilmente iban a poder asumir en un futuro y las entidades de crédito que, con una errática política de riesgos, facilitaron todo ese despropósito.

Es muy loable pensar en cómo favorecer a los ciudadanos consumidores –que son la inmensa mayoría- para facilitar el acceso a la vivienda con hipotecas más abundantes y más baratas. Sin embargo, hay que meditar muy bien las medidas aparentemente generosas, pero que luego al final resulta que producen consecuencias perversas para el colectivo que se busca beneficiar. El infierno está empedrado de buenas intenciones. Y de lo primero que hay que ser conscientes es que prestar no es una obligación. Los prestamistas lo hacen por interés y si perciben que éste está en riesgo encarecen y reducen los préstamos. En todo caso, la manida dación en pago no es ni puede ser la solución universal, como proponen demagógicamente algunos. De hecho, esa idea estuvo en la base de la burbuja inmobiliaria en los EE.UU. Además, dicha dación en pago implicaría un abandono inmediato del inmueble, o lo que es lo mismo, la dación equivaldría a un desahucio automático. Se espera de Rajoy que tome cartas en un asunto que le atañe directamente como Presidente del Gobierno y del que algún conocimiento debe tener en su calidad de registrador de la propiedad.