A contracorriente de la huelga y los desahucios

Las reuniones entre populares y socialistas para frenar los desahucios, por un lado, y la huelga general, por otro, son los dos grandes temas políticos de esta semana en España. Ante éstos, veo que la gente va tomando posición de una forma radical, sin admitir matices. De pronto, parece que todo el mundo está a favor o en contra de la huelga sin que quepan vías intermedias, o muchos de los que van a ir a trabajar afirman abiertamente que están a favor de la huelga pero que no se atreven a hacerla por la situación empresarial, pues temen perder su puesto de trabajo, y tampoco quieren, dada la situación económica de la familia, perder el dinero que se les descontaría de sus nóminas si ejercen su derecho constitucional a la huelga. Otros, en cambio, maldicen de los sindicatos y acusan a sus líderes de aprovecharse de todo tipo de prebendas cuando no directamente de ser unos vagos que jamás han trabajado y viven lujosamente de representar a los trabajadores aunque la afiliación sindical sea ínfima. La crítica a los sindicatos suele ir acompañada de un desprecio al derecho de huelga, al que se considera decimonónico e inútil.

Es verdad que el papel de los sindicatos debería reorientarse, con una mayor implicación en la gestión de las empresas como ya proponían los socialdemócratas de principios del siglo XX, y también es cierto que determinadas huelgas en algunos sectores, y sobre todo la actuación violenta de algunos piquetes, no son entendidas por la mayoría de los ciudadanos. La reivindicación sindical debería reorientarse hacia otro tipo de acciones sin dificultar las libertades y derechos de otros, pero también es verdad que parece necesario dar un toque de atención al Gobierno porque la situación económica ha llegado a un punto crítico y se sigue aplicando una política de austeridad que se traduce en continuos recortes del Estado del bienestar, los cuales perjudican a los más débiles económicamente, y en un empeoramiento alarmante de los derechos adquiridos en la función pública. El Gobierno de Rajoy ya no puede seguir escudándose en la herencia recibida y tiene una responsabilidad evidente en el empeoramiento de la situación económica y en que no se adopten las reformas necesarias para la transformación del modelo productivo, que en el fondo es lo más importante para recuperar el crecimiento económico y el empleo.

En el caso de los desahucios, parece que de pronto todo el mundo ha caído de golpe en la cuenta del problema social que se ha producido por las abultadas hipotecas que firmamos hace unos años, impagables en cuanto la situación económica ha empeorado y la gente ha perdido parte de sus ingresos o completamente su sueldo. ¡Y eso que los tipos de interés están bajos, que si suben, veremos dónde acaba esto! De haber hecho muy poco por paliar la situación de muchas personas que se han visto desahuciadas de sus casas en los últimos años, de pronto, los dos grandes partidos se han puesto de acuerdo en buscar soluciones, aunque está por ver si también en las soluciones. De la dación en pago como solución paliativo, que era lo que se venía planteando hasta ahora, se ha virado al intento de obligar a los bancos no sólo a aceptar la dación en pago sino también a que admitan un alquiler social en las viviendas que embargan.

Son éstas obligaciones que casan mal con el libre mercado que PP y PSOE dicen defender, pero la verdad es que es difícil que los políticos que han gestionado tan mal la economía en los últimos años, que facilitaron la burbuja inmobiliaria y que no la desinflaron sino que les estalló, que convirtieron las cajas en sucursales de favores políticos y de especulación, y que ahora rescatan al sector bancario con miles de millones de euros mientras que mantienen muchos privilegios para sus consejeros puedan argumentar de forma razonable que las ayudas públicas no pueden ir directamente a las personas que lo están pasando mal y que pueden verse despojados de sus viviendas. El problema es que esta función social de ayudar a los que lo están pasando mal, en vez de cumplirla el Estado, se la coloque legalmente a otros, a los bancos. No sé si se ve bien la incongruencia de que al tiempo que se desmonta el Estado del bienestar, o social de Derecho que dice nuestra Constitución, se pretenda que la banca asuma una función social impuesta por el Estado.

El tema de los desahucios es mucho más complejo de la manera en que se presenta habitualmente en los medios de comunicación con unas cuantas imágenes que conmueven al común de los ciudadanos: familias con hijos pequeños o con abuelos dependientes que de repente se ven sin un techo bajo el que cobijarse. Ante esta situación, es el Estado el que tiene que actuar y el que tiene que dar una solución a estos ciudadanos, pero lo que no se puede es lanzar el mensaje de que no pasa nada si las deudas se dejan sin pagar, porque ninguna economía de mercado puede funcionar así. Todos sabemos que en estos años de abundancia muchos se han endeudado imprudentemente –bien es verdad, que con el beneplácito y la incitación de los propios bancos, pero por propia voluntad–, y han dejado de pagar sus deudas aunque intentan mantener un nivel de vida muy por encima de las posibilidades reales de la situación de crisis en la que vivimos. No hace falta que les cuente, los tienen ustedes por todas partes. El problema de los desahucios, que es grave, gravísimo, tiene que afrontarse con prontitud, con humanidad, pero también con la suficiente coherencia jurídica para que no surja quien se aproveche de la ley en perjuicio del conjunto de los ciudadanos y de la buena marcha de la economía. Sé que es difícil, pero los desahucios requieren un ágil estudio caso a caso, y soluciones estatales y no privadas, sin perjuicio de que algunos bancos planteen a sus clientes soluciones individuales, quizá a través de acuerdos con las instituciones públicas.

Para mí sería más fácil sumarme a alguna de las opiniones mayoritarias y estar a favor o en contra de la huelga y a favor o en contra de los desahucios, pero me he acostumbrado a pensar las cosas desde una perspectiva compleja y muchas veces a contracorriente: huelga sí, con matices, y desahucios no, con matices.