La Audiencia Nacional investigará supuestos delitos de genocidio cometidos por el Frente Polisario

El abogado José Manuel Romero, que representa a los querellantes, informó de la decisión del juez en conferencia de prensa este jueves en Madrid. El Juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia admitió a trámite en un auto la querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) y tres víctimas contra 28 miembros representativos del Frente Polisario y así mismo otros cargos del gobierno argelino.

La decisión adoptada por el juez Pablo Ruz fue tomada tras la verificación de los requisitos previos indispensables: que los querellantes cumplan las exigencias legales, que los delitos formulados en la denuncia sean de su competencia, y que los querellados no tengan causas pendientes en sus países de origen, es decir en Marruecos y en Argelia.

Entre las personas denunciadas figuran altos dirigentes del movimiento independentista, como el ex director general de la seguridad militar del Polisario y responsable de las relaciones con la ONU en Nueva York Mohamed Jadad, el embajador saharaui en Argel y exministro de Defensa Brahim Ghali, el fiscal de la República saharaui Sidi Wagag, el actual ministro de Equipamiento del gobierno saharaui Sid Ahmed Battal, así como varios responsables de las cárceles existentes en los campamentos de refugiados de Tindouf, y algunos responsables de la Seguridad militar argelina.

El juez Ruz comenzará ahora por requerir los datos de los querellados y de las tres víctimas que han presentando la denuncia, así como de los eventuales testigos. El juez procederá a los interrogatorios pertinentes, y el equipo forense hará los análisis médicos pertinentes para verificar las acusaciones de tortura y malos tratos, según ha confirmado a El Imparcial el abogado José Manuel Romero.

Paralelamente la Audiencia nacional deberá verificar la dirección actual de los querellados, ya que “inmediatamente después de que se interpusiese la denuncia ante el juez, la mayor parte de los que en ese momento estaban en España salieron provistos de pasaportes diplomáticos”, afirma el abogado. “Tan sólo se tiene conocimiento de que uno de los incriminados sigue residiendo en España, donde ocupa un alto cargo en la Delegación del Frente Polisario en Madrid”.

El juez Ruz no ha querido en ningún caso que la causa se transforme en un “juicio político”, y no ha admitido que se declare al Frente Polisario y a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) como responsables civiles subsidiarios de los delitos que se indagan.

Entre las acusaciones que se formulan en la denuncia admitida a trámite, figura la de “retener contra su voluntad a miles de saharauis en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia, con la complicidad de las autoridades de Argel”. La citada querella expone la supuesta comisión por parte de los miembros del Polisario de siete delitos: genocidio, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones.

La decisión del juez significa un rudo golpe a la imagen de que gozaba hasta ahora el movimiento independentista saharaui en España, tanto más que la dirección del Frente Polisario no ha abierto ninguna investigación una vez que se presentó la denuncia en la Audiencia nacional. Es mas, ninguna de las personas incriminadas ha sido apartada de sus cargos, sino todo lo contrario. Muchas de los españoles que ayudan y son solidarios con la población saharaui víctima de un conflicto que dura ya 37 años, esperan que el Polisario tenga la valentía de hacer frente a esta crisis y depurar todas las responsabilidades si las hay.