Hallan una fosa con los cadáveres de tres jóvenes al sur de Sao Paulo

La Policía Civil ha hallado este lunes una fosa clandestina con los cadáveres de tres jóvenes, que habrían sido condenados y ejecutados por uno de los "tribunales del crimen", en el distrito de Jardim Orion, ubicado en el sur de la ciudad de Sao Paulo.

Las fuerzas de seguridad sospechan que los tres jóvenes fueron condenados a muerte por la violación de una chica de 14 años de edad, ocurrida el pasado 1 de noviembre, por un "tribunal del crimen" del Primeiro Comando da Capital (PCC), según informa el diario 'Folha'.

Ya hay un detenido por este crimen. Se trata de Danilo Lourenço de Oliveira, de 21 años de edad, que ha confesado que enterró los cuerpos de Rafael Pontes, de 27; Diego da Silva, de 21; y Marcus Vinicius Santos Silva, de 18; después de que se ejecutara la "sentencia".

El PCC es un grupo considerado ilegal por las autoridades brasileñas que se creó en la década de 1990 en el Centro de Rehabilitación Penitenciaria de Taubaté, adonde eran trasladados los presos de alta peligrosidad, para defender los derechos de los reclusos.

Con los años, el PCC se ha convertido en una organización criminal que se financia a través de diversas actividades delictivas, entre ellas el narcotráfico, y que está en presente, además de en Brasil, en otros países sudamericanos.

En este sentido, la fuerza boliviana antinarcóticos ha identificado a "cabecillas" y emisarios de la organización delictiva brasileña que compran droga en Bolivia para enviarla a Brasil y a otros países vecinos, informaron fuentes oficiales.

"En base a información que hemos procesado con nuestros similares de la Policía Federal de Brasil, hemos identificado a algunos cabecillas del PCC que estarían insertando capital en Bolivia, capital ilícito", dijo en una rueda de prensa el jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Gonzalo Quezada.

El oficial se refirió así a una publicación del diario brasileño O Globo reproducida este domingo por medios locales, que señala que el PCC, una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas y armas nacida en 1997 en el interior de las cárceles del estado de Sao Paulo, ha expandido sus operaciones a Bolivia y Paraguay.

Según Quezada, también fueron detectadas tres rutas que usan los narcotraficantes para llevar la droga a Brasil: dos en la región oriental de Santa Cruz que conectan con los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, y otra desde la amazónica Beni hacia Rondonia.

Además se identificó un "puente aéreo" entre Perú, Bolivia y Brasil establecido por el PCC y organizaciones criminales de los otros dos países para enviar en avionetas droga peruana a Brasil, Argentina y Paraguay.

El viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, admitió por su lado que el PCC tiene "emisarios" en Bolivia, si bien descartó que esa organización opera en este país con "una estructura armada militar", como lo hace en Brasil.

Quezada señaló que para frenar las actividades ilícitas del PCC en Bolivia se está planificando "una fuerte acción de control migratorio" y un trabajo de inteligencia más intenso en Santa Cruz, Beni y en la región norteña de Pando, limítrofe con Brasil y Perú, para hallar a otros posibles vínculos de los emisarios.

Por otra parte, el jefe de la FELCN también anunció que los Gobiernos de Bolivia, Brasil y Perú acordaron hace dos semanas en Lima elaborar un listado de los diez criminales "más importantes" de la región, en el marco de las acciones que llevarán a cabo para fortalecer la lucha conjunta contra el narcotráfico.

Bolivia es un país productor de cocaína, al igual que Perú y Colombia, pero el Gobierno boliviano sostiene que su territorio también sirve de tránsito para la droga peruana dirigida hacia los mercados de Brasil, Argentina y Paraguay.

Bolivia tiene una frontera de 1.400 kilómetros con Perú y de 3.600 kilómetros con Brasil. La policía boliviana ha decomisado 34 toneladas de cocaína y otras 392 de marihuana entre enero y noviembre de este año. También destruyó en acciones conjuntas con el Ejército más de 10.000 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca, base para producir cocaína.