La financiación de los partidos políticos, entre el silencio y la inacción

El Consejo de Europa está disgustado con España. Su órgano anticorrupción, conocido como GRECO (Group of States against corruption), ordena a nuestros dirigentes año tras año el cumplimiento de una serie de pautas que garanticen la transparencia en la financiación de los partidos y la actividad política. El anterior Ejecutivo no movió ficha y el actual –es tarea de Alberto Ruiz-Gallardón en Justicia- no ha anticipado ningún avance legislativo en este sentido.

La actualidad calienta el debate sobre la necesidad de saber qué está pasando. Hace pocas fechas y por primera vez en democracia, una formación, Unión Democrática de Cataluña (UDC), admitía haberse servido de recursos públicos para fines particulares. Este pasado viernes, El Mundo ponía el foco en fondos procedentes de donaciones y comisiones cobradas a constructoras o empresas de seguridad con las que el Partido Popular habría pagado sobresueldos a altos dirigentes en la era Luis Bárcenas. No es algo nuevo. El caso Matas o, atrás en el tiempo y en la otra acera, Filesa, ya anticiparon la necesidad de conocer la procedencia del dinero que paga salarios, multitudinarios mítines o campañas.

Los partidos no están obligados a rendir cuenta ante los ciudadanos sobre esto, si acaso por preservar la buena imagen. Tampoco avanzan en otra de las recomendaciones del GRECO y que esta semana sugería Esperanza Aguirre: departamentos de fiscalización de cuentas dentro de los propios partidos. En relación con las donaciones privadas, la opacidad es total. No menos en torno a las fundaciones afines, sobre las que se suceden frecuentes toques de atención del Tribunal de Cuentas. Más allá de las sedes, las exigencias podrían adjetivarse como laxas: el Banco de España no permite conocer, por ejemplo, cuánto deben estas organizaciones a las entidades de crédito. Ni siquiera cuáles son estas entidades que les prestan ni mucho menos en qué condiciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó en octubre la actualización de la ley de financiación de partidos políticos. Fija un recorte del 20 por ciento en las subvenciones públicas y aumenta –al menos de palabra- el control para que no acudan a fuentes irregulares. Partidos y fundaciones deben declarar las aportaciones que superen los 50.000 euros y los bienes inmuebles. El texto da a entender que hasta esa fecha los bancos perdonaban deudas a las formaciones, pero tampoco impide que se siga haciendo, tan sólo especifica que no se podrán condonar más de 100.000 euros al año.

Este 2013, según establecen las cuentas del Estado, la asignación a los partidos correspondiente al Ministerio del Interior se reduce casi a la mitad, al pasar de los 113,7 millones de euros a 66,2 más 2,7 para sufragar gastos de seguridad. En parte, la sensible rebaja se debe a que no se contemplan procesos electorales este año, comicios en los que tampoco se obra el milagro de la luz y los taquígrafos. Según el Tribunal de Cuentas, en las últimas municipales, el 22 de mayo de 2011, sólo la mitad de las formaciones obligadas a presentar su contabilidad lo hizo, saltándose, entre otras, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Y, sin embargo, ni gobiernos ni oposiciones de distintos tiempos meten mano a la cuestión, hecho que no ayuda a acallar las sospechas de la opinión pública, que constata gracias a determinadas informaciones que poderes nacionales, autonómicos y locales de todo color han sido condenados en los años de democracia. Europa nos mira con lupa y lo hará con mayor precisión a cada informe del GRECO, y ya son muchos, que repita que España hace caso omiso a las alertas. Cabe preguntarse el porqué del silencio y la inacción casi en bloque. Cuántos y de qué forma se benefician de la vista gorda interna y externa a la financiación de los partidos. Entretanto, la corrupción, o supuesta corrupción, rebosa en las portadas.