El corazón de la democracia: La Justicia independiente

No hay democracia sin una justicia independiente. Es ésta una afirmación difícil de refutar. No hay duda de que el corazón de un régimen democrático late gracias a un Poder Judicial verdaderamente independiente. De no ser así, ese sistema democrático está herido de muerte. El 20 de febrero nuestros jueces y fiscales van a la huelga, convocan la mayor parte de sus respectivas asociaciones (Francisco de Vitoria, Jueces para la democracia y Foro judicial independiente, de los jueces; Asociación profesional independiente de fiscales y Asociación Unión Progresista de Fiscales). Sus reivindicaciones están llenas de sentido común y benefician básicamente a los ciudadanos.

Son cinco los objetivos que persigue nuestro Poder Judicial, auxiliado por el Ministerio Fiscal, que no es Poder Judicial, pero sí un Órgano colaborador con el mismo imprescindible. Primero, mayor inversión pública en ambos Cuerpos para que puedan tener los medios humanos y materiales precisos para desempeñar su importante función. Segundo, la eterna cuestión, que se torció en el año 1985 con la vergonzante reforma del PSOE de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modificó la elección del órgano de gobierno de los jueces (Consejo General del Poder Judicial) para que fuese dependiente del poder político (primero PSOE, luego PP, y así alternativamente hasta hoy) y todavía no se ha enderezado. El proyecto de Gallardón precisamente no avanza en la línea de la necesaria independencia política del CGPJ. Tercero, la LO 8/2012 hace desaparecer la figura hoy imprescindible de los jueces y fiscales sustitutos, o se les restituye o se aumenta la plantilla actual de jueces y fiscales; de no ser así, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE será de imposible aplicación, quedando nuestra democracia seriamente herida. Cuarto, derogar la LO 10/2012 de las tasas judiciales, otro ataque al derecho a la igualdad de acceso a la justicia que vulnera el artículo 14 y 24 CE. Y, por último, Quinto, reformar la Ley del Indulto que se está convirtiendo en un peligroso coladero de arbitrariedad política para evitar la justicia.

En democracia no se puede jugar con lo esencial y la justicia lo es sin lugar a dudas. El Partido Popular ha logrado un unánime rechazo a su política judicial de este último año, con decisiones legislativas enormemente desafortunadas tomadas desde la más absoluta unilateralidad, que ha irritado a todo el espectro de protagonistas directos e indirectos en la Administración de Justicia: jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, etc.

Todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales trataron, desde octubre de 2012, de hacer entrar en razón al PP por medio de su Ministro de Justicia, pero el resultado ha sido negativo, obligando a jueces y fiscales a ir a la huelga para dar a conocer su conflicto y encontrar el apoyo de la ciudadanía que, en última instancia, es la principal perjudicada. No debemos olvidar algunos datos interesantes que avalan los argumentos de los jueces y fiscales. En España hay 10 jueces por cada 100.000 habitantes, Albania tiene 12, Portugal 17, Grecia 20 y Alemania 25. Ocupamos el puesto 36 en el ranking de nuestro continente, superados sólo por países como Azerbaiyán o Georgia. La media europea del presupuesto en Justicia está entre el 3-4 % del PIB, nosotros no llegamos al 1 %.

Vive España unos años convulsos y complicados. El PP y el PSOE no han jugado limpio con nuestra Administración de Justicia y ahí perdemos todos. Si queremos regenerar nuestra democracia, lo primero que debemos hacer es apoyar a nuestros jueces y tomarnos muy en serio a la Justicia, pues es el verdadero bastión de nuestro Estado de social y democrático de Derecho, según se define a España en el artículo 1.1 de nuestra Carta Magna.