Los ERE y la Junta andaluza: la hora de la verdad

El retorno de la juez Mercedes Alaya a su despacho de Sevilla ha vuelto a colocar las cosas en su sitio. Durante la convalecencia que la ha mantenido alejada durante meses de su Juzgado de Instrucción número 6 sevillano, los implicados en el multimillonario fraude de los ERE tramitados por la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, aprovecharon para difundir abundante tinta de calamar. La propia juez que instruye el caso hubo de sufrir desde el primer momento una intolerable presión con el propósito de desacreditarla e intimidarla en su actuación.

En los últimos meses hemos asistido a la triste estrategia del PSOE de minimizar las escandalosas cifras defraudadas y achacar la responsabilidad a “cuatro golfos” aislados. La Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, ha propalado peregrinos argumentos autoexculpatorios, incluida una Comisión en el Parlamento andaluz que no se distinguió precisamente por su voluntad de esclarecer los hechos. El propio secretario general del partido socialista, Alfredo Pérez Rucalcaba, se esforzaba hace pocas fechas en darle la vuelta a las evidencias para presentar a su organización nada menos que como una víctima del fraude, después de pedir la dimisión del presidente del Gobierno por los indicios de otros casos de corrupción.
Ahora, los datos recabados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han permitido, por el contrario, que la Justicia haya detenido en los últimos días a 22 personas, de las que ocho pasaron a disposición judicial, incluyendo antiguos cargos de la Junta, empresarios y sindicalistas.
Las cantidades defraudadas alcanzan por el momento la escandalosa cifra de 136 millones de euros, un hurto que tiene todas las trazas de incrementar su monto total conforme avance la investigación. Las declaraciones de los detenidos, a su vez, apuntan a cada vez más implicados de rango superior: esto es solo un comienzo.

La contundencia de los hechos suprime de un plumazo la tinta de calamar esparcida mientras se detuvo la instrucción. Un desfalco público de tan gigantescas proporciones y sostenido durante toda una década solo puede generarse en una trama de corrupción perfectamente orquestada y engrasada, y todos los indicios racionales apuntan inequívocamente a que la creación y gestión de la trama procede de dentro de la propia Junta de Andalucía. Al fondo queda la larga sombra del clientelismo y la ineficacia de las ayudas recibidas que nunca sirvieron para un despegue económico de la región.

Haría mal José Antonio Griñán en seguir presentándose como una víctima del desfalco en contra de toda evidencia, porque eso redundará en un mayor descrédito de la clase política. Otro tanto podría decirse de Pérez Rubalcaba, empeñado en descabalgar a un jefe de Gobierno, tras unas recientes y contundentes elecciones, agitando un caso de corrupción cuando mira para otro lado, oculta o justifica lo que sucede en su propia casa.

Una norma de comportamiento inaceptable, por extensión, a organizaciones de todos los colores. Partidos políticos y sindicatos están hace tiempo enfrascados en la estrategia del “y tú más”. Cuando ninguno de ellos podrá exhibir ninguna legitimidad moral mientras no asuma responsabilidades políticas, y, lo que es más elemental, colabore activa y beligerantemente con policía y jueces para esclarecer lo sucedido y depurar lo más rápido posible sus propias formaciones de corruptos. Además –y sobre todo- los partidos políticos tienen que encarar de una manera transparente y veraz el problema de su financiación, en lugar de trampear con la opacidad y la hipocresía: o cambian o les van a cambiar en detrimento de ellos mismos y de todo el sistema político.