Más sobre la regeneración institucional

Si hacemos caso a los famosos sondeos de opinión, la inmensa mayoría de los encuestados certifica la crisis institucional y califica con un monumental suspenso a la totalidad de las instituciones públicas (incluida por vez primera, lo que es especialmente preocupante, la Corona) Y aún peor paradas salen las que llamaríamos instituciones parapúblicas o de hecho publicadas (como los partidos políticos o los sindicatos). Utilizando un viejo refrán de abuela, cuando se manifiesta una quiebra de este alcance y naturaleza, no cabe la aplicación de paños calientes, sino que se impone el recurso a la cirugía y, tras un adecuado análisis y diagnóstico, utilizar el bisturí para extirpar o reparar a fondo los órganos dañados de ese cuerpo sufriente que es España, que presenta signos externos e internos de agotamiento.

Se me tachará quizás de catastrofismo, probablemente de pesimismo y, con toda seguridad, de ingenuidad o hasta de locura (recuerdo, aunque no venga al caso una de las geniales frases del recientemente fallecido Giulio Andreotti, el Talleyrand italiano, sobre la locura: hay dos tipos de locos: los que se creen Napoleón y aquellos que se creen capaces de sanear la red de ferrocarriles del Estado). En cualquier caso, con toda certeza, puedo pecar de locura o ingenuidad por confiar en que la clase política, o, si lo desean, que los partidos políticos, tengan altura de miras, capacidad de renuncia y cesión y dejen de mirar sus concretos e inmediatos intereses electorales. Siempre he pensado que, junto con el rencor y la envidia, el peor de los pecados capitales es el sectarismo. Y sin embargo la escena está invadida de interpretaciones sectarias, que denotan una gravísima inconsciencia colectiva pues es ley científica que todo progreso se bloquea cuando cada uno de los agentes tira de un lado de la cuerda. Es el momento de elevarse –con sentido patriótico, con generosidad y también con coraje democrático- por encima de las empobrecedoras visiones de parte. Un Estado débil, inane o residual es un riesgo que no podemos correr. El nuevo impulso requerido ha de basarse en lo que alguien definió como patriotismo constitucional, expresión que reivindica el mismo espíritu fundador de la Constitución de Cádiz que, recordemos definió, en su artículo 6, el amor a la Patria como “una de las principales obligaciones de los españoles”.

Retomemos la idea de la crisis institucional. Ha quedado constatado que las instituciones en las que se asienta el Estado español no funcionan o, al menos, no funcionan como confiábamos en que lo hicieran, o quizás no sirvan, es decir, no presten el servicio para el que fueron instituidas. La primera de las causas de esta crisis es, sin duda, el exceso particocrático, de modo y manera que los partidos se han convertido en dueños y señores de las instituciones, que se reparten sin recato conforme a un sistema de distribución alícuota de los puestos. La segunda de las causas, consecuencia del centralismo y dominación de los partidos es la falta de una auténtica independencia de los servidores de esas instituciones, convertidas en correa de transmisión y altavoz oficioso de los partidos que se han hecho propietarios de todo el poder, olvidando que, como decía Espósito, la democracia consiste en que es el pueblo el titular del poder, de todo el poder.

La tercera dimensión de la crisis es la pérdida de ejemplaridad en demasiados casos de los actores institucionales que han traspasado las reglas de la ética pública e incluso del Derecho Penal, deslegitimando de paso a dichas instituciones contempladas por los ojos ciudadanos como centros de provecho y despojo. Ello afecta a la “clase política”, expresión contemporánea que encierra un notorio desafecto y distancia y apela a la no confluencia de intereses entre los suyos y los nuestros. Esta crítica no es nueva pero se ha engrandecido gracias al poder multiplicador de los medios de comunicación y de las redes sociales, y ha alcanzado el nivel de auténtico linchamiento, como estamos contemplando en estos momentos, fruto de la frustración y de la desafección.

En cuarto lugar, la crisis institucional lo es de dimensionamiento o, mejor, de sobredimensionamiento fruto de una concepción elefantiásica de las Administraciones Públicas consumidoras de la parte más importante del PIB. Esta multiplicación de la organización administrativa hipertrofiante genera efectos tan disfuncionales como la ineficacia, la ineficiencia, la duplicidad o triplicidad competencial, la descoordinación y, finalmente, la insostenibilidad en términos económicos del modelo. En quinto lugar la crisis institucional es fruto de un excesivo burocratismo que genera un especialmente dificultoso funcionamiento del Estado salpicado de ventanillas siniestras que convierten cualquier iniciativa privada en un interminable camino de obstáculos, aún más insalvables por la superposición de estructuras territoriales (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones Provinciales, Comarcas, Mancomunidades, Ayuntamientos), estructuras que funcionan con absoluta descoordinación, atentas únicamente a su propia autojustificación y subsistencia e incluso a engordar según la famosa ley de Peter: a mayor incompetencia mayor necesidad de personal al servicio de la estructura. Ahora bien por más órganos reguladores, supervisores o agencias que se instituyan, cada día es mayor el desconcierto y, lo que es peor, la ausencia de controles reales y efectivos, que sujeten el ejercicio de las potestades públicas por los titulares de esos órganos.

En este contexto, el documento sobre la “Democracia de calidad: valores cívicos frente a la crisis”, elaborado por el llamado Círculo Cívico de Opinión debe ser un revulsivo de la ética pública. Plantea los siguientes como referente: a) Perseguir el bien común; b) Sostener la equidad como fin; c) Decir la verdad; d) Aplicar la cultura de la ejemplaridad de la vida pública; e) Garantizar la seguridad jurídica; f) Rechazar lo inadmisible; g) Potenciar el esfuerzo, pues lo que vale cuesta; h) Superar la partidización de la vida pública que es un lastre; i) Exigir el sentido de la profesionalidad en todos los ámbitos; y j) Construir un marco de valores comunes compartidos, comenzando por generar pueblo y sociedad civil.

Para ello requerimos de estadistas de verdad, de estadistas con capacidad de decidir, que sobrepasen la diletancia y los miedos y que hagan suyos esos valores sin pensar en costes personales o políticos o en réditos del minuto inmediato.

En fin, frente a la concepción cainita y schmittiana –asentada en la relación amigo/enemigo- que preside la política general; frente al dominio apabullante de las políticas de partido que marginan el interés general; frente a las políticas de campanario o del terruño que dejan de lado la unidad y vertebración nacional; frente a la falta de compromiso con la nación (que los latinos llamaban patria), reivindicamos los principios y valores que nos hicieron fuertes y que circunstancialmente hemos marginado.

La regeneración institucional es imprescindible y también inaplazable, ante el descrédito generalizado de todas las que componen el Estado, comenzando por las Cámaras Parlamentarias (endogámicamente alimentadas), el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. Pero sobre todo de un hipertrofiado Estado autonómico, nunca terminado de cerrar, siempre egoísta en su deseo de crecimiento cual Goliat. El modelo territorial que, con no poca ingenuidad, se constituyó entre el 79 y el 81 ha hecho triunfar los elementos centrífugos y diferenciadores sobre los centrípetos y comunes, de manera que la diferencia prevalece sobre la unidad incluso de mercado. Se ha olvidado, por ejemplo, el principio de exclusividad del Estado en determinadas materias que quizás debían haber quedado en su seno, pero también el principio de prevalencia del Derecho Estatal, de manera que la cohesión e integración nacional han quedado reducidas a principios vacíos de contenido. Se impone, pues, una redefinición del Estado de las autonomías, lo que es lo mismo que decir de la Constitución.

Hemos de abandonar el conformismo y también el fatalismo que nos condujo a la gran depresión de que se hizo eco la generación del 98. Y hemos de pensar en positivo, con altura de miras y espíritu de patriotismo constructivo (que no patrioterismo) en la refundación de nuestro Estado sobre la base de una Constitución actualizada, conforme a las necesidades del presente, por supuesto consensuada entre los más posibles pero esencialmente entre quienes apuestan finalmente por seguir adelante construyendo un esperanzador futuro para todos los españoles.

La Constitución del 78 fue un éxito y facultó un período excelso. Quizás la falta de lealtades o algunos malos servidores, y las responsabilidades son compartibles por las llamadas de distintas sensibilidades, han establecido un paréntesis paralizador, pero desde el espíritu regenerador y superador reafirmemos nuestra creencia en este país milenario.

Daron Acemoglu y James Robinson escribieron hace unos pocos años el libro “Por qué fracasan los países”, tiempo después de que Mario Vargas Llosa se preguntara aquello de “Cuándo se jodió el Perú?”. No deseamos leer libros como como ése ni someternos al cuestionamiento del Premio Nobel, simplemente porque creemos vehementemente en nuestro instinto y en nuestras capacidades y nuestros representantes terminarán por entenderlo.