La izquierda y la rebelión contra las matemáticas

Este pasado lunes la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, calificaba la propuesta de los expertos para reformar las pensiones de “honesta” y “técnicamente robusta”. Salía así al paso de las críticas de los partidos de izquierda y sindicatos, que ayer mismo volvían a la carga con este asunto. Es especialmente llamativo el caso de CCOO, cuyo responsable del gabinete económico, Miguel Angel García, es uno de los expertos en cuestión.

Con todo, no son tanto los sindicatos en esta ocasión sino PSOE y, sobre todo, IU, quienes han plantado cara a quienes más saben de este tema. Azuzar el fantasma de las privatizaciones y negar la mayor -tocar las pensiones lo menos posible- son argumentos tan vacíos como irresponsables. Cayo Lara y Alfredo Pérez Rubalcaba debería tener presente que durante la última década, las pensiones contributivas a la Seguridad Social ha aumentado en más de un millón, rebasando la cifra histórica de 9 millones. La anterior progresión se ha producido en un marco de paulatino envejecimiento de la población y de intensa recesión en los últimos años, lo que se ha traducido en una fuerte caída de los afiliados a la Seguridad Social. Otra consecuencia ha sido el impacto sobre la ratio trabajador/pensionista, que ha pasado de 2,71 trabajadores por cada jubilado en 2007 a los 2,32 de la actualidad.

Son, desde luego, razones de peso como para abordar como es debido un problema tan acuciante. Problema agudizado, sí, pero, en absoluto, inesperado: estudiando y estimando la evolución de la pirámide de edades, hace ya más de una década larga que los expertos en la materia llevaban anunciando la precariedad del sistema y la necesidad de su reforma. Considerar que profesionales solventes y, por tanto, independientes, son meras marionetas de bancos y aseguradoras, como sostiene el señor Cayo Lara, no es un insulto: es una manifestación de ignorancia propia de una sociedad tercermundista. Cuestionar la definición del factor de sostenibilidad y hacer demagogia con vistas a pescar en el río revuelto del descontento social no parece la forma más responsable de hacer política; y menos aún con un tema como el de las pensiones.

Los ciudadanos españoles tienen derecho a un debate abierto y responsable, científicamente solvente, que exponga la realidad de los hechos y las alternativas posibles y demostrables, sin caer en descalificaciones que buscan camuflar intereses políticos, posiciones o aspiraciones de poder de otra naturaleza. Se puede y se debe plantear y debatir todo, no sólo la sostenibilidad del actual sistema de pensiones, con las reformas que sean necesarias; también su alternativa: un sistema de capitalización. Y ello debiera hacerse evitando guillotinar razonamientos con el recurso de baja condición intelectual de acusar a los profesionales del tema de estar vendidos al oro de las aseguradoras.