“Hay que evitar que la polarización del conflicto colombiano llegue a la política”

La sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) fue el punto de encuentro este lunes para que académicos, periodistas, diplomáticos y miembros de ONGs conocieran con información de primera mano las complejidades y desafíos del diálogo de paz que se inició hace siente meses en La Habana entre el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyo objetivo es poner punto final a 50 años de conflicto armado.

Para ello contó con la presencia del vicepresidente de ese país, Angelino Garzón, y el exmandatario Ernesto Samper, quienes aportaron luces sobre un proceso de negociación que arrastra el estigma del escepticismo por los fracasos del pasado.

Sin embargo, a diferencia de otros diálogos de paz, la mesa de La Habana arrancó, según Garzón, bajo la difícil y valiente decisión por parte del Gobierno colombiano de reconocer oficialmente lo que durante décadas trató de ocultar de cara a la comunidad: la existencia de un conflicto armado interno.

“Se trata de un diálogo entre diferentes, impulsado por ambas partes. El Gobierno no obligó a la guerrilla ni la guerrilla forzó al Gobierno a sentarse a la mesa de diálogo”, expone el número dos del Estado colombiano, que destacó la valentía de Juan Manuel Santos y de las FARC de abrir una nueva vía para el entendimiento no sin antes matizar los duros desafíos que supone este nuevo proceso de paz.

“Estamos negociando con un grupo armado ilegal, que hace cosas ilegales y que tiene otra cultura del tiempo, por lo que este proceso requiere paciencia. No hay que desesperarse en la mesa de negociación”, expone el vicepresidente, que apunta a que el diálogo se tomará su tiempo, incluso más del estipulado por el propio Santos, quien no ha ocultado su deseo de firmar la paz antes de que concluya 2013.



“Puede que para el 8 de agosto de 2014, cuando haya cambio de gobierno en Colombia, siga existiendo la guerrilla”, sostiene Garzón, que niega categóricamente intereses electorales y “reeleccionistas” bajo la mesa de negociación.

“El Gobierno apuesta por este proceso porque Colombia no sabe lo que es vivir en paz. Yo voy a cumplir 67 años y yo no sé lo que es vivir en paz. La paz es lo que nos conviene como país y en términos militares le conviene a la guerrilla, porque seguimos luchando contra ella”.

El pasado 19 de noviembre, delegados del Ejecutivo y de las FARC se sentaron por primera vez en diez años a dialogar, tras los fracasos de las negociaciones del Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana; pero en esta oportunidad, las conversaciones no se llevarían a cabo en una zona de despeje dentro de territorio colombiano, como ocurrió en el pasado, sino que se trasladaría la mesa a un escenario internacional para “facilitar” las negociaciones, cuya hoja de ruta estaría guiada por una agenda con cinco puntos a tratar: la distribución de tierras, la participación política, narcotráfico, reparación a las víctimas e implementación de los acuerdos de paz.

“La guerrilla está en plena libertad de plantear lo que quiera en la mesa de negociación, al igual que el Gobierno. Queda de ambas partes aceptar las condiciones de uno y otro. Por ejemplo, las FARC propusieron un cese al fuego bilateral que el Gobierno no aceptó, así como la propuesta a una Asamblea Constituyente”.

En este sentido, Garzón manifiesta su preocupación entorno a la politización que está experimentando el conflicto guerrillero más longevo de América Latina. “El tema de la paz se ha convertido en un tema político. La guerra no da votos, la paz sí da votos. Hay que evitar que la polarización del conflicto llegue a la política”.

“No hay nada acordado, hasta que esté todo acordado”

Por su parte, el expresidente Enresto Samper explicó que Colombia había llegado al punto en el que debía decidir si tomar el camino de la “profundización” de la guerra con una “paz a la romana” a costa del aniquilamiento del contrario; o la aceptación de que había un conflicto armado interno con millones de víctimas que debe ser atendido.

“Puede que sea la última oportunidad de Colombia de encontrar una salida negociada al conflicto. Hace diez años no podíamos hablar de que estamos ganando la guerra, porque el equilibrio de fuerza está a favor del Estado”, señala el exmandatario, que aclaró que no iba a ver una “caguanización” de las conversaciones de La Habana.“Esta no es una mesa de negociación espontánea, detrás hubo 127 reuniones previas”.

Las mismas que dieron origen a la agenda de cinco puntos que ambas partes discuten en la isla bajo la discreta observación de los Gobierno de Chile y Venezuela. Una hoja de ruta con espinas, que pueden resultar incómodas para un 82% de los colombianos que si bien desean la paz, rechazan cualquier reivindicación política de las FARC, a las que ven como una organización criminal.

“Colombia debería pensar en una ‘Comisión de la Verdad’ en el marco de la violación y reconocimiento de los Derechos Humanos. Se trata de hallar la verdad civil y no la de cada actor”, subraya el exgobernante que ve en este recurso un mecanismo para preparar a la ciudadanía a transitar de la fase de conflicto a la de “postconflicto”.

“Las víctimas están dispuestas a sacrificar la Justicia por la verdad. Ante todo quieren saber la verdad para llevar su duelo. El duelo de 5 ó 6 millones de personas”.

Asimismo, indica que el proceso presenta debilidades que el Gobierno debe atajar, a fin de poder garantizar un mejor desarrollo de los diálogos de paz de La Habana.

En un primer lugar considera necesario la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el proceso de diálogo, ya que su ausencia del mismo podría darle licencia a “ocupar” los “espacios vacíos” dejados por las FARC. De segundo destaca la necesidad de impulsar una mayor participación de la sociedad civil colombiana para que se sienta representada dentro de las negociaciones. Y, finalmente, aprovechar las conversaciones para alcanzar un acuerdo humanitario.

No obstante, Samper se muestra optimista por los pasos que está dando el Gobierno de Santos para alcanzar la paz en un país que ha vivido 50 años en la “oscuridad de la violencia”; sin embargo matiza: “No hay nada acordado, hasta que esté todo acordado”.