Imputada la responsable de finanzas del PSC

La juez Elisabet Castelló que investiga el presunto espionaje político en Catalunya ha imputado este viernes a la responsable de finanzas del PSC, Lluïsa Bruguer, según han confirmado fuentes socialistas a Europa Press.

La imputación se ha conocido el mismo día que la Policía Nacional ha acudido a la sede del PSC, en la calle Nicaragua de Barcelona, para incautarse de un ordenador, en el marco de la investigación de Método 3. Con la irrupción de la Policía en la sede del PSC, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona buscaría indicios o pruebas de que algún responsable del partido encargó la grabación de la conversación privada que mantuvieron en el restaurante La Camarga de Barcelona Alicia Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez, la examante de Jordi Pujol Ferrusola.

La comitiva judicial le ha entregado a la gerente la notificación de su imputación en el caso, por lo que deberá comparecer en los próximos días ante la juez, según fuentes cercanas al caso. En una rueda de prensa convocada de urgencia, el secretario de organización del PSC, Esteve Terradas, ha explicado que su partido "actuará con la máxima transparencia y disponibilidad para colaborar con la administración de justicia" para aclarar este asunto.

Terradas ha recordado que el caso sigue bajo el secreto del sumario, por lo que, según ha señalado, su partido no es conocedor del contenido de las diligencias judiciales. El dirigente socialista ha explicado que no ha hablado en las últimas horas con el exsecretario de organización de este partido José Zaragoza, a quien algunas informaciones periodísticas apuntaron como el autor del encargo a Método 3 del espionaje a Camacho.

La Policía ha permanecido en la sede del PSC entre 45 y 50 minutos para recoger el ordenador de la gerente. Poco después de estallar la polémica al descubrirse que Método 3 había grabado la conversación privada en el restaurante La Camarga de Barcelona, el exsecretario de Organización del PSC José Zaragoza admitió que su partido había encargado cuatro trabajos de seguridad entre 2009 y 2011 a la agencia, pero negó cualquier actuación irregular.

En una rueda de prensa el pasado 13 de febrero, Zaragoza reconoció que había encontrado facturas con Método 3 por "cuatro actuaciones de protección y seguridad" de la sede del PSC en la calle Nicaragua, como auditorías de seguridad y barridos por despachos-, entre 2009 y finales de 2011. No obstante, Zaragoza negó las informaciones periodísticas del diario El Mundo, que le atribuyó el encargo a Método 3 para espiar la conversación privada entre Sánchez-Camacho y Victoria Álvarez. De hecho, tanto Zaragoza como Sánchez-Camacho tienen pendiente comparecer en el Parlament para dar cuenta de este caso, según un reciente acuerdo de los grupos de la cámara catalana.

La titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona acordó ayer prorrogar un mes el secreto del sumario sobre el caso, a instancias de la fiscalía. La juez decidió el pasado 9 de julio seguir investigando el caso, al considerar que el acuerdo que la dirigente popular alcanzó con la agencia de detectives Método 3 para retirar su demanda "no extingue la acción penal".

Tras la decisión de la juez, los fiscales del caso, Emilio Sánchez-Ulled y Fernando Bermejo, han estado preparando en los últimos días, en medio de un gran hermetismo, un documento para pedir a la juez nuevas diligencias relacionadas con el caso, que hoy se han concretado con la irrupción de la comitiva judicial en la sede de los socialistas catalanes y la imputación de la gerente.