Justo hace un año, en la tranquilidad del estacionamiento de un restaurant, un joven se acercó a un coche y volteando hacia todas partes se aseguró nadie le viera y con una piedra rompió el cristal y sustrajo unos portafolios: contenía un ordenador, documentos oficiales –identidad, tarjetas de crédito, pasaporte- y papeles de trabajo. Esto ocurrió al medio día, a la luz del sol y a una temperatura ambiente de 42 grados, algo normal en Mexicali, fronteriza ciudad del norte de Mexico con California.
La respuesta de llegada de la policía local fue casi inmediata. Se levantó un acta y se pidió ratificarla ante el juzgado estatal. En esta oficina explicaron y a la vez preguntaron: ¿Cuántas copias necesita? Tendrá que acreditar la pérdida del ordenador, solicitar nuevos documentos oficiales y dar de baja las tarjetas de crédito.
-Entonces-, dice el ofendido, ¿No van a investigar? ¿No se van a recuperar los portafolios?
El oficial de turno le muestra una caja desordenada de papeles y le dice: ¿Usted cree que se van a investigar los cientos de denuncias de este tipo? ¿Qué no sabe que cambió el sistema de justicia y ahora sólo se persiguen los delitos cuando se detiene al causante?
Pues en esta ciudad, única de las cinco municipalidades del norteño estado de Baja California, se ha implantado hace tres años el nuevo sistema de justicia penal a base de juicios orales. Algo que hace la novedad, así como el hecho de que los agentes que atienden la denuncia, debieran integrar la evidencia para que el delito primero, no se quede sin resolver y los causantes, sin castigo.
La verdad fría de los números dice que, en sólo un año, los delitos patrimoniales, es decir aquellos que le afectan al ciudadano ordinario, tales como robos de vehículos, en viviendas o comercios, se han duplicado, en tanto que en la vecina Tijuana, con el doble de población y actividad económica, permanecen en los números de años anteriores.
Los municipales dicen que corresponde a los estatales y éstos a la inversa. Lo cierto es que el cambio de procedimientos no embona porque la ley federal no ha cambiado y entonces un delito de robo cuando entra en el fuero federal, pues no coincide con los procedimientos de la nueva justicia recién implantada, por lo menos, en esta municipalidad.
El país está en una disyuntiva. El anterior gobierno federal sustentado por el Partido de Acción Nacional promovió la reforma ante el clamor de la sociedad harta de la impunidad en miles de delitos denunciados, particularmente esos, los patrimoniales; sin embargo, el lanzamiento ha sido defectuoso e incompleto. Sólo unas cuantas ciudades lo han implantado a pesar de que existe una fecha obligatoria para hacerlo hacia el año del 2015.
Ante esa situación la reacción del ciudadano ordinario es armarse y en no pocas ocasiones hemos visto en la televisión las horribles imágenes de ciudadanos en pueblos pequeños haciendo justicia por su propia mano.
¿Será acaso que el nuevo gobierno vuelva atrás, donde el delincuente lo es por la flagrancia y no por la suma de acusaciones que, como en el caso que se narra fueron inútiles, ya que la autoridad no dio con el causante del daño ya que ni si quiera se propuso hacerlo?
Antonio Meza, Director del Instituto Ortega y Gasset México; comentarios: [email protected]
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