El vodevil de Gibraltar debe concluir

La época de cesiones unilaterales en beneficio de Gibraltar iniciada, en su día, por el ministro socialista de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, ha llegado a su fin. No por falta de buena voluntad de los sucesivos gabinetes españoles que han venido abordando las cuestiones de la colonia británica con un paciente tacto diplomático. Las autoridades gibraltareñas no han utilizado la discreción española y la manga ancha de la política socialista para facilitar ningún tipo de acuerdo, sino que han incrementado día a día un desafío que rompe las más elementales normas de convivencia y pisotea los derechos básicos de los ciudadanos españoles que trabajan en la zona, víctimas, a su vez –todo hay que decirlo- de la reacción española.

Ya fue un despropósito de considerables proporciones que el ministerio de Moratinos concediese el mismo rango a Gibraltar que al Reino Unido y a España, como si se tratase de una nación más en una negociación a tres bandas. Conste que la idea no era mala; el método, disparatado. Desde ese instante, la política gibraltareña ha actuado como un país beligerante contra España, cuando le ha convenido, y, simultáneamente, como una colonia que se ampara en la protección de la metrópoli británica para eludir sus responsabilidades. Ese juego de disfraces le ha permitido acometer una política de vodevil para llevar a cabo tropelías por una puerta y reaparecer por otra con la máscara de una víctima colonial, como el enano de la venta. Un doble juego que debe concluir de inmediato.

El último episodio del vodevil gibraltareño ha consistido en ganar terreno en aguas de soberanía española, presentarse en una negociación sobre esas aguas junto a autoridades inglesas y españolas para, en mitad de las conversaciones, arrojar bloques de hormigón con pinchos que destruyen los caladeros donde faenan pescadores españoles y desaparecer de la mesa de diálogo. Posiblemente para reaparecer en otra con el disfraz de la pequeña colonía oprimida.

Lo cierto es que, al margen de la pesca, el Peñón es un foco de empresas opacas, lavado de dinero y el centro de presuntos negocios en base a graves fraudes fiscales, que se comporta con una altanería inaudita frente al mainland. La determinación del ministro García-Margallo para cortar de raíz esta situación degradada es necesaria y urgente. El vodevil debe acabar y García-Margallo posee toda la legitimidad para reconducirlo a unas negociaciones que se fundamenten en una legítima cooperación.

Las relaciones entre el Reino Unido y España son mucho más importantes que los despropósitos de una pequeña ciudad de provincias. Los gobiernos españoles deben acompañar la firmeza con flexibilidad negociadora y Whitehall debe hacer entender a los políticos “llanitos” que un Offshore en contra del Mainland no es viable.