Por una ley de servicios mínimos

El pasado viernes, Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno tenía intención de regular los servicios mínimos en caso de conflictos laborales. En el horizonte inmediato, la última huelga de recogida de basuras padecida por los madrileños hace bien poco, y el la que se siguió en patrón común de todo este tipo de situaciones: matonismo sindical en forma de piquetes “informativos” -esto es, coactivos e incluso agresivos en más de una ocasión-, incumplimiento flagrante de los servicios mínimos y el hecho de tomar como rehenes a una ciudadanía hastiada e impotente una vez más.

No es la primera vez que ocurre y, lamentablemente, tampoco parece que vaya a ser la última. De ahí la necesidad de articular un texto normativo que regule convenientemente todo ello. Revela, por otra parte, la inmadurez democrática de la sociedad española en según que cosas, toda vez que en otros países no se precisan este tipo de intervenciones; priman el civismo y la responsabilidad. Ayer domingo, los sindicatos volvían a mostrar sus reticencias al proyecto, aseverando que “no es el momento oportuno”.

Pero sí lo es. Resultaría de todo punto inaceptable asistir una vez más a lunas rotas, cerraduras con silicona o insultos y agresiones en el próximo conflicto laboral que se produzca. Además, el manido derecho a la huelga invocado permanentemente por las centrales sindicales no puede cercenar el derecho al trabajo -también recogido en la Constitución- ni el derecho a la libertad personal; derecho éste último encastrado dentro de los “fundamentales” en la Carta Magna.