Exguerrilleros en la política colombiana

Estos días, Colombia está inmersa en una fuerte polémica a raíz de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, acompañada por una inhabilitación durante quince años. El Partido de la U lideró una campaña contra Petro -exmiembro del M-19-, por incumplimiento del programa con el que se presentó a las elecciones municipales. Finalmente, la decisión de destituirlo ha correspondido a la Procuraduría General, órgano de control de los cargos públicos, que ve a Petro responsable de mala gestión y de los fallos que se produjeron en el nuevo sistema de recogida de basuras, que ocasionaron un serio problema sanitario en la populosa capital colombiana. Ahora, la autoridad electoral de Colombia ha anunciado que se convocará un referéndum revocatorio sobre el mandato de Gustavo Petro.

Más allá de los motivos concretos, la clave del asunto, que está generando gran tensión en el país, y que su presidente, Juan Manuel Santos, ha calificado como “crisis institucional”, se encuentra en la antigua adscripción del regidor de Bogotá al M-19, movimiento guerrillero que dejó las armas para integrarse en la política. Esto, sin embargo, no ha dejado de herir sensibilidades y no son pocos los que no ven precisamente con buenos ojos que ex-guerrileros ocupen cargos públicos. No es baladí que el caso de Gustavo Petro haya saltado cuando se están desarrollando las negociaciones en La Habana entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y a ello se ha referido el propio Petro diciendo que con lo sucedido se quiere atacar el proceso de paz.

Una paz que, sin embargo, muchos colombianos no desean a cualquier precio, al barajarse la posibilidad de los guerrilleros de los FARC logren escaños regalados para la Cámara de Representantes, amén de otras concesiones como una posición ventajosa para contar con medios de comunicación, o de que terribles crímenes queden prácticamente impunes. Si el conflicto de Petro ha provocado una “crisis institucional”, ¿qué no ocasionará el que sanguinarios guerrilleros de los FARC puedan ser diputados y ocupar cargos públicos, y, a lo que parece, sin ni siquiera haber pasado por las urnas? Las autoridades colombianas deberían tomar buena nota de lo que está sucediendo con el caso de Gustavo Petro.