La política, para el que se la pueda pagar

El Tribunal Constitucional ha tomado una determinación de gran calado estos últimos días. Sus componentes han rechazado el recurso de los socialistas castellano-manchegos contra la supresión del salario a los diputados autonómicos en esta región. O, lo que es lo mismo, han avalado que estos parlamentarios no reciban retribución alguna por su tarea en las Cortes de Toledo salvo la dieta por asistencia. En conclusión, vía libre a aquellas comunidades que en lo sucesivo quieran hacer lo propio.

En España hay 1.218 representantes en estas cámaras. El ahorro sería notable. Además, la sentencia responde fielmente al dictado de la Carta Magna, que sólo prevé "asignación" para diputados nacionales y senadores. Explican los magistrados que el legislador tiene libertad "para configurar la modalidad retributiva que considere oportuna", como en este caso ha hecho el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Para el Constitucional "no se constata menoscabo de la función legislativa o de control de la acción de Gobierno".

A esto hay que sumar la desafección, tal y como resuelven los estudios de opinión. Sin embargo, en esta discusión no entran las prebendas de los parlamentarios, aspecto siempre espinoso, sino, sencillamente, el salario, la contraprestación por el trabajo. Los críticos sostienen también que el hecho de que la Constitución sólo la contemple para diputados nacionales y senadores ampara entonces que presidente del Gobierno o sus ministros puedan ejercer a coste cero para las arcas del Estado a partir de ahora.

Por último, la letra pequeña del asunto: los ocupantes de estos escaños que no tengan ingresos más allá de las Cortes tendrán que abandonarlas o buscar un empleo que puedan compatibilizar, lo que, en paralelo, implicaría menos dedicación a los castellano-manchegos. Esto da ventaja a aquellos diputados o aspirantes a serlo con jugosas inversiones o con una más que saneada cuenta bancaria y cierra puertas a los diputados o aspirantes a serlo que se vieran instados a abandonar total o parcialmente su habitual quehacer por mandato de las urnas.

Con estos elementos sobre la mesa, se abre el debate.