Apenas mil personas se concentran en defensa del Aborto

Las organizadoras de Madrid han hecho público en el ''Manifiesto por el derecho de las mujeres a decidir'' su "total apoyo y solidaridad con las mujeres que han tenido que declarar" por supuestos abortos ilegales y con la "situación de indefensión y temor que han vivido".

También han exigido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y a los partidos políticos "un compromiso claro y decidido para modificar la actual despenalización parcial del aborto, de modo que deje de estar considerado como delito en el Código Penal, acabando con la inseguridad jurídica que la ley actual ha generado", y que las interrupciones se puedan realizar de forma normalizada en la red sanitaria pública.

"Que cumplan la Ley"

La Consejería madrileña de Sanidad ha insistido en que las clínicas de abortos presentan un número de reclamaciones "sensiblemente mayor" a otro tipo de centros y ha instado a las integrantes de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) a que "cumplan la ley". Así se lo ha trasladado la directora general de Calidad, Acreditación, Evaluación e Inspección de la Consejería, Patricia Flores, a las representantes de ACAI en una reunión mantenida este miércoles.

Patricia Flores ha explicado que los 9.311 centros sanitarios autorizados en la región presentaron en 2007 una tasa de reclamaciones y denuncias de 0,14 por centro, mientras que los siete centros autorizados para practicar abortos acumularon 208 reclamaciones y denuncias, lo que supone una tasa de 29,7 por centro. Para la Consejería "estos datos justifican por sí solos la inclusión de los Centros de Interrupción Voluntaria del Embarazo dentro del Plan de Inspección" que elabora cada año para vigilar el cumplimiento de la legislación vigente.

En la reunión, la directora general ha sostenido que en las inspecciones realizadas el pasado año se detectaron "graves irregularidades", como "posible falseamiento de los informes psiquiátricos y del libro de quirófano, destrucción de historias clínicas, informes firmados en blanco, emisión de informes psiquiátricos por persona que no era psiquiatra, etcétera". A su juicio, estas irregularidades "pueden suponer un grave riesgo para la salud de las pacientes, así como un posible delito", por lo que -recordó- las puso en conocimiento del Juzgado, que ha abierto diligencias previas para el esclarecimiento de los hechos.

La Consejería de Sanidad asegura en su nota que el eje conductor de su actuación es el "cumplimiento de la legalidad" y que estas clínicas "ajusten su actividad a lo dispuesto por la normativa aplicable".