Un nuevo revés para el kirchnerismo

Cuando todavía no se ha apagado el impacto que causó el documento de la Conferencia Episcopal Argentina, “Felices los que trabajan por la paz”, en el que se denunciaba de manera contundente que “Argentina está enferma de violencia” y que la Presidencia y el Gobierno parecen mirar para otro lado ante una situación cada vez más explosiva, un nuevo revés se abate sobre el kirchnerismo. El vicepresidente del Ejecutivo, Amado Boudou, ha sido citado a declarar como imputado en un caso de tráfico de influencias de gran envergadura. El juez Ariel Lijo considera que Boudou, desde su cargo de ministro de Economía, propició una supuesta compra irregular de la imprenta Ciccone Calcográfica, a través de un testaferro, con el objetivo de contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial.

El delfín de la presidenta del país austral se encuentra en una situación sumamente delicada que exigiría una pronta dimisión, lo que ni siquiera se le ha pasado por la cabeza. Por el contrario, ha dicho que está completamente tranquilo y ha echado balones fuera, señalando que se trata de un caso mediático. Parece que Boudou no perdona a los medios de comunicación independientes su puntual seguimiento del caso. Así, desde que el escándalo salió a la luz pública, trató de presionarles para hacerles callar, al igual que no ahorró presiones a la Justicia para evitar su comparecencia. Una comparecencia que, sin embargo, no ha podido finalmente evitar, y que nos sitúa ante la primera vez que un vicepresidente del Gobierno es llamado a declarar en calidad de imputado en Argentina.

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner no solo no ha manifestado ninguna intención de destituirlo, sino que, evidentemente, le está prestando apoyo al mantenerlo en el cargo. Respetando escrupulosamente la presunción de inocencia y rechazando juicios paralelos -lo que no implica que los medios de comunicación deban renunciar a la denuncia de cualquier atisbo de la lacra de la corrupción-, en casos de estas características, allá donde se produzcan, se impone una asunción de responsabilidades políticas. Y que la Justicia intervenga con prontitud y diligencia hasta llegar al fondo de tan turbias actuaciones.