Urge una reforma de la Justicia

La situación de la Justicia en España no mueve precisamente al orgullo. La confianza de los españoles en la Justicia es, según se ha revelado en numerosas ocasiones, como por ejemplo en varios Eurobárometros, notoriamente menor a la que manifiestan ciudadanos de otras naciones de nuestro entorno. Pese a ello, la requerida reforma de la Justicia sigue siendo una tarea pendiente que no se acomete no ya con la prontitud exigida, sino que ni siquiera se plantea. Resulta sangrante que los procesos se dilaten enormemente en el tiempo, y los retrasos sean moneda corriente en todo tipo de casos, incluidas las causas por corrupción, lo que resulta escandaloso especialmente en un asunto tan sensible y que tanto ha proliferado últimamente.

En este contexto, son altamente significativas las reflexiones del Fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, vertidas en una entrevista publicada en el diario El País. Haciendo gala de su independencia, Torres-Dulce ha puesto el dedo en la llaga en no pocos de los males que aquejan a la Justicia española. Especialmente, ha mostrado su convencimiento de que los problemas judiciales no son consecuencia de que no contemos con leyes suficientes y adecuadas, sino que se deben a la organización y gestión de la Administración de Justicia. “La ley no basta -ha dicho taxativamente el Fiscal general- si el procedimiento no dispone de los medios necesarios para gestionar su aplicación”.

Es destacable también la llamada de atención de Torres-Dulce en cuanto a la decisiva importancia de contar con un riguroso sistema educativo: “Los países que presentan menores índices de corrupción se corresponden con los países con mayor nivel educativo y cultural”, junto a una sólida y generalizada base ética: “La corrupción no admite grados. Si toleramos la infracción y el fraude a pequeña escala, debemos prepararnos para sufrir la corrupción a gran escala. Los principios éticos no resisten componendas”. Haría bien el Gobierno en no dejar que caigan en saco roto las consideraciones de quien el propio Ejecutivo propuso para este cargo. Torres-Dulce está en clara sintonía con la demanda ciudadana de que no puede esperar por más tiempo una eficaz reforma de la Justicia.