A dos meses del 9 de noviembre, el Gobierno no ha resuelto la suspensión de la consulta, a la que se opone desde el día que se presentó, en diciembre de 2013. Sin embargo, y como notable diferencia respecto a los meses previos al verano, el Ejecutivo ha desvelado al fin su plan, que le da la última palabra sobre la celebración y que hasta carga de sentido el controvertido manejo de los tiempos por parte de Mariano Rajoy.
La baza de Artur Mas y socios para esquivar un recurso era y sigue siendo la Ley de Consultas, un reglamento de carácter general que no hace alusión al referéndum y que sus promotores entienden inexpugnable. Esperan que Moncloa no actúe, pero actuará. El president sabe, y así lo reconoció, que si el Gobierno central impugna el 9-N ante el Tribunal Constitucional, este "no tendrá más remedio que suspenderlo".
La Carta Magna establece "muy poquitos procedimientos" para actuar en estos casos, dijo desde el otro lado este pasado viernes Soraya Sáenz de Santamaría, "pero señala que cuando un Gobierno pide la suspensión de una ley, una vez que se admite a trámite, se suspende inmediatamente", añadió. Se refería al artículo 161.2, que se ha aplicado "en innumerables ocasiones", recordó.
La lectura del 161.2, en especial sus últimas palabras, ayudan a comprender por qué el Gobierno no tiene prisa en el recurso y vaya a apurar hasta el extremo:
El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Así, una resolución favorable a los intereses de Mas llegaría en todo caso después del 9 de noviembre. Esto no impide abrir los colegios y sacar las urnas, tampoco proclamar unilateralmente la independencia de Cataluña, pero en tales circunstancias ya no operaría precisamente el mencionado extracto de la Constitución.
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