Rechazada la moción de Taguas con los votos del PSOE y CiU

Como había calculado el promotor de esta iniciativa parlamentaria, el diputado de ICV, Joan Herrera, su propuesta ha recibido el apoyo de PP, PNV, IU, ERC, BNG y UPyD. Pero, a pesar de este inusual acuerdo, estos votos no han sido suficientes para que sea aprobada.

Herrera solicitó una votación separada del punto de su moción en el que se "lamenta" el aval del Gobierno a la contratación de Taguas con el objetivo de recabar el máximo respaldo posible. Así facilitaría que grupos como el PP y el PNV, que no comparten al cien por cien el resto de la iniciativa de ICV, al menos se sumen a esa censura.

Durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso el portavoz parlamentario socialista, José Antonio Alonso, expuso la postura de su grupo. Para el PSOE la decisión de Taguas es "legal" y "puramente personal", aunque ha dicho comprender que haya gente que no la comparta. Además, a su juicio, la Ley de Incompatibilidades de 2006 es "una buena ley, rigurosa, de las más exigentes en derecho comparado", y ha recordado que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios.

El Pleno ha sido el escenario de la moción de Iniciativa per Catalunya por la que pide que se reforme la Ley de Incompatibilidades, para que la decisión en estos casos no dependa de Administraciones Públicas.

A pesar de que el Gobierno autorizó el nombramiento de Taguas con el voto unánime de la junta directiva de la patronal, es en sus filas donde precisamente ha encontrado problemas para convencer. Parece que las declaraciones de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, no ha sido suficiente para calmar los ánimos. El pasado miércoles, Salgado admitía que la incorporación del ex director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, a Seopan “no conculcaba” lo previsto por la Ley de Incompatibilidades Públicas.

Una de las denuncias más sonada gira en torno a la acusación al Gobierno de “jugar con las palabras”, en declaraciones de Andrés Ayala, portavoz del PP en materia de Fomento en el Congreso, al basar el informe favorable en que Seopan es una asociación y no una empresa. Ayala ha dicho, además, que es “incoherente” que Taguas se ponga al frente de esta patronal “cuando se supone que desde el Ejecutivo se ha insistido en que España no puede vivir del ladrillo y tras la mala gestión llevada a cabo desde su cargo”.

Rechazo generalizado
El Partido Popular fue el primer grupo parlamentario en pronunciarse contra la decisión adoptada y su presidente, Mariano Rajoy, pidió pronto explicaciones a Zapatero sobre si le parecía normal que el Jefe de su Oficina Económica se convirtiera en el presidente de los constructores, algo que, por descontado, calificó de “inaceptable y muy poco serio”. El PP no ha descartado en sus declaraciones que este nombramiento haya tenido lugar “como respuesta a las presiones ejercidas desde el Gobierno, que le han llevado a posicionarse del lado de las grandes compañías en perjuicio de las pequeñas y medianas”.

Lo mismo declaró Gaspar Llamazares, coordinador general de IU, al considerar “éticamente impresentable y políticamente inaceptable” la entrada de Taguas a Seopan. Asimismo, advirtió de que su partido iniciaría las medidas pertinentes para comprobar el “grado de incumplimiento” de la Ley de Incompatibilidades, que además considera “flagrante”.

La fuga de políticos hacia la empresa privada está empezando a convertirse en una moda. Lo han hecho Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y, ahora, David Taguas. En espera de lo que pueda pasar en el Congreso el martes, Seopan cuenta las horas para que Taguas haga frente a la crisis que actualmente atraviesa el sector de la construcción, en un momento en el que el Gobierno ha anunciado su intención de acelerar la inversión pública en infraestructuras mientras esta institución pide más capital privado para ejecutarlas.