Bachelet y la ley de amnistía

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha anunciado que se anulará el decreto ley de amnistía que promulgó la dictadura del general Augusto Pinochet. La actual inquilina del Palacio de La Moneda cumple así una de sus promesas electorales, que reiteró en la campaña de las últimas elecciones del pasado marzo donde consiguió el favor de las urnas para un segundo mandato. La existencia de esa ley hacía posible que los crímenes cometidos entre 1973 y 1978, años de gran dureza represiva, quedaran impunes.

Aunque la propuesta deberá ser refrendada en el Congreso, con toda probabilidad alcanzará pronto la aprobación, pues Bachelet tiene mayoría, y el Ejecutivo chileno ha solicitado que se tramite con la máxima urgencia. La ley tiene un carácter retroactivo, por lo que podrán reabrirse juicios que la Justicia daba por terminados, así como juzgar a quienes pudieron beneficiarse de dicha ley.

Como era previsible, el anuncio ha sido valorado muy positivamente por asociaciones de Derechos Humanos y por buena parte de la ciudadanía. Sin duda, la dictadura de Pinochet, con una práctica sistemática de la tortura y la violación de los derechos humanos, y con cientos de muertos y desaparecidos a sus espaldas, es una de las etapas más negras de la historia de Chile. Muchos de los crímenes que en ella se cometieron son de lesa humanidad y, por la tanto, al no prescribir es de justicia que no queden impunes.

Ahora bien, resulta de gran trascendencia de qué forma se realice y emplee la iniciativa que ha producido un cierto cuestionamiento en otra parte de la población. Sin dudar del noble propósito que guía a Bachelet, no deja de ser curioso que el anuncio, en el marco del 41 aniversario del golpe de Estado, coincida con las horas más bajas de su popularidad y cuando se le acumulan una serie de problemas urgentes con una economía que no vive sus momentos más boyantes. Es de esperar que la derogación de la ley de amnistía no se utilice como cortina de humo frente a los problemas de hoy que exigen rápidas y eficaces medidas. Y, sobre todo, resulta especialmente deseable que no se emplee como herramienta política o arma arrojadiza que dé pie a enfrentamientos al reabrirse viejas heridas, y que no se plantee en clave sectaria. Justicia sí, pero no politización de ella ni revanchismos que solo conducen a indeseables radicalizaciones.