La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, cuando el presidente del Gobierno retiró su apoyo al controvertido anteproyecto de ley de su ministerio, ha sido una muestra más de la sustitución de la política por las encuestas de opinión.
Desde hace años vengo sosteniendo en estas colaboraciones periodísticas la opinión que la “demoscopia” ha suplantado al “conocimiento histórico” cuando actualmente se adoptan decisiones políticas. Yo creo que la “democracia” resulta dañada cuando las técnicas demoscópicas son la única guía de comportamiento de los dirigentes políticos.
La dimisión de Gallardón es un ejemplo perfecto de esos defectos. Ahora me interesa señalar algunos que tienen que ver con los representantes electos, los partidos políticos y la posición de las Cámaras parlamentarias en esta dimisión de marras.
Al parecer, Pedro Arriola, experto en encuestas electorales, manifestó en una reunión partidaria de dirigentes del PP, naturalmente a puerta cerrada y sin publicidad, que el proyecto de Gallardón perjudicaba electoralmente al Gobierno. Con la característica técnica video-política, durante unos días se lanzaron diversos globos sonda, y cuando se comprobó que la noticia de la retirada de la “ley del aborto” no producía grandes estropicios políticos, el presidente del Gobierno hizo unas declaraciones confirmando que la dichosa ley no sería aprobada “al no contar con el suficiente consenso”. En otras palabras, la culpa de que el proyecto de ley no fuese presentado por el Gobierno la tendrían los que se habían opuesto a cambiar la actual ley despenalizadora del aborto, una ley de plazos que está en vigor desde hace unos años.
Podría decirse de cualquier otra oferta electoral, pero tratándose de una promesa que en su momento tuvo el carácter de compromiso moral, utilizando a la Iglesia católica en su favor, la retirada del anteproyecto ha tenido mucho de maniobra falaz. ¿Algún diputado o senador del partido del Gobierno ha manifestado que el proyecto de ley fue un compromiso electoral, y que, por lo tanto, deberían haber sido los parlamentarios quienes diesen las razones de su no tramitación? Creo que nadie ha dicho nada en este sentido. Los representantes electos de los ciudadanos, el poder legislativo, el primer poder del Estado, han aceptado sin rechistar los argumentos de un gurú de las encuestas, quién, además, ha pasado por encima, no sólo de los parlamentarios, sino por encima del ministro responsable del asunto. ¿De qué sirve la palabra dada de nuestro parlamentario cuando le elegimos?
Nos hallamos ante el problema de la verdad en una democracia. Está visto que las encuestas, la demoscopia, puede conducir a la mentira, cuando con astucia se alía con la publicidad. En realidad, ésta ha sido la triste historia del debate -mejor dicho: de la lucha- de una ley tan sensible como la del aborto. Conviene hacer memoria en esta época en que la Historia se olvida premeditadamente: en marzo de 2009 se produjo una gran manifestación contra la actual ley del aborto. Según los organizadores, fueron movilizadas más de medio millón de personas. Mariano Rajoy no participó, pero envió un mensaje de identificación con los manifestantes y con las organizaciones que convocaban. En aquella ocasión, quién hizo público el mensaje de Rajoy y de su partido fue el actual ministro del Interior.
Esa mirada al pasado no pretende hurgar en la herida del PP, sino sólo comprobar que resulta nefasto en democracia descalificar las iniciativas del rival como si fuesen obras malignas, propias de un enemigo al que hay que destruir. Seguramente fue también una simulación, la que recomendó el encuestador de turno, probablemente el mismo de estos días, pero entonces mucha gente creyó “en la doctrina del PP”. El ministro Gallardón, cuando hizo pública su dimisión, argumentó que creía que su proyecto recogía “la doctrina sobre el aborto” de su partido.
Gallardón y Rajoy pensaron siempre como políticos democráticos, y sin embargo, por ambición de poder, no actuaron como tales, y ahora tendrán que enfrentarse a sus consecuencias. Usar la regulación del aborto para negar al adversario su ética -en uno y otro sentido-, abre una brecha en la moral cívica, que sólo favorece a quiénes no aceptan las reglas de una sociedad liberal-democrática.
“El liberalismo es pecado” fue el titulo de una obra del cura catalán, Félix Sardá y Salvany, que fue un superventas en español, vasco y catalán, a partir de los últimos años del siglo diecinueve. Pues bien, el obispo de Alcalá de Henares ha proclamado, esta semana, su opinión sobre este asunto, escribiendo lo siguiente: “el Partido Popular es liberal, informado ideológicamente por el feminismo radical y la ideología de género, e infectado como el resto de los partidos políticos y sindicatos mayoritarios por el lobby LGBT (Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales). ¿Debemos reírnos de este disparate? ¿Tal vez porque no tememos que el obispo tenga poder para castigar como en el pasado castigaba la Iglesia el aborto provocado? Yo siempre entiendo, más cuando son sermones que pasan por sacros, que las palabras pueden convertirse en armas.
Una pregunta esperanzada y tal vez ingenua: ¿Esta desgraciada experiencia podrá servir para que las relaciones políticas no se basen en la idea de que el rival es un enemigo? Si esa idea hubiese imperado con la ley del aborto, o con el Estatuto Catalán, hoy estaríamos de otra manera.
Si (
No(
