La única salida para España

Ante los graves problemas que acosan a España cada partido apuesta por una solución distinta. El PP por mantener el Estado de las Autonomías tal como está. El PSOE por una reforma inmediata de la Constitución. I.U., como en tantas otras cosas, no se aclara. Podemos pretende abrir enseguida un proceso constituyente, pero ignoramos en qué dirección. Llama la atención el silencio de UPyD y Ciudadanos acerca del asunto. Ante este batiburrillo de opiniones qué hacer. Parece lógico pensar que sería muy democrático consultar de un modo no vinculante a los españoles sobre qué modelo territorial prefieren y no redactar otra Constitución entre unos cuantos políticos sentados alrededor de una mesa. Ese pudo ser uno de los defectos achacable a la Constitución de 1978. Hacer una consulta no vinculante al pueblo para ver lo que mayoritariamente quiere no impediría que la gente refrendara con su voto el final del proceso como requiere la Constitución.

Todo esto está muy bien y habría que hacerlo en su momento. Pero no hay que ser un lince, sino atenerse simplemente a la realidad, para ver que el problema prioritario y fundamental de España, de momento aparentemente insoluble, es la existencia de partidos separatistas en las llamadas incomprensiblemente “comunidades históricas”, como si las demás carecieran de historia. No vamos ahora a entrar en las razones que han impedido resolver el problema durante casi cuarenta años, aparte de la evidente deslealtad de los separatistas, cuyo pensamiento nada oculto ha sido dinamitar la unidad de España. Pero si lo pasado pasado está, lo que está claro es que no podemos seguir cometiendo los mismos errores que nos han llevado a esta situación de descarado desafío al Estado por parte de quienes, paradójicamente, son sus representantes en Cataluña. Aunque parezca increíble, ninguna de las fuerzas políticas representativas ha dado una solución concreta al problema del separatismo, más por complejo que por un pensamiento débil. Ya parece tarde, cuando se han encendido todas las alarmas, para recomendar, como hacía Ortega, limitarse a sobrellevar el problema catalán, que es lo que parece proponer el Gobierno del PP. Aparte de todos los males que acarrean los nacionalismos excluyentes, entre otros los económicos, los españoles no pueden vivir en esta permanente zozobra de no saber cuál es el destino de su nación, como si fuera un Estado fallido tercermundista. Por lo tanto, este es el primer problema que hay que resolver aquí y ahora, y sin hacerlo España no tiene solución. Luego vendrá la cuestión de qué modelo territorial queremos. El partido político que no lo vea así es que está ciego.

Si algún defecto importante tiene la Constitución de 1978, es que se hizo con toda la alegría del mundo sin tener demasiado en cuenta el problema de que hablamos. Ni “el café para todos”, ni la apelación a “comunidades históricas” o “nacionalidades” podían resolverlo. Se confundió, además, torpemente, la democracia con la descentralización política, como si no hubiera Estados plenamente democráticos sin esa descentralización. ¿Es que ignoraban los redactores de la Constitución que los nacionalistas acabarían siendo desleales a sus juramentos como desgraciadamente ha ocurrido? ¿No había suficientes datos históricos para temerlo? Para mayor abundamiento, en las elecciones de 2012 CIU presentaba un programa en el que con el mayor descaro decía: “El Gobierno trabajará en la construcción de estructuras de Estado que acompañen este proceso del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”. Y se crea un Consejo Asesor para la Transición Nacional. Ya eran elecciones plebiscitarias sin que haya que esperar a otras nuevas. ¡Y el Estado de vacaciones como si no fuera con él! ¿Pero ese programa qué era sino una llamada a la sedición tumultuaria? ¿Acaso está en la Constitución ese supuesto derecho a decidir de una región de España? ¿No debiera haber impedido el Estado que un partido político con semejante programa de destrucción de España se presentara a las elecciones? ¿Hay argumentos jurídicos para impedir un referéndum de secesión que no se puedan aplicar a un programa electoral que tiene el mismo propósito? Esto vale, pues, para las hipotéticas elecciones plebiscitarias que pretenden los separatistas. ¿Hay argumentos jurídicos que sirvieron para ilegalizar al brazo político de ETA que no sirvan para ilegalizar a los separatistas de toda laya? Si algo no puede haber en una Constitución es una contradicción tan severa entre sus artículos y su aplicación a la realidad. Si el art.2 consagra la unidad indivisible de España, no se pueden permitir partidos cuyo único objetivo sea la destrucción de esa unidad. O una cosa u otra. O suprimimos el art.2 o ilegalizamos los partidos cuyo programa atenta contra esa unidad.

Vamos a otro argumento empleado sobre todo por los separatistas. No hay democracia, dicen, si no se permiten toda clase de ideas por aberrantes y peregrinas que sean. Pues, no. La libertad también tiene sus límites en la democracia. Lo mismo que la libertad de cada individuo acaba donde empieza la libertad de los demás, la democracia tiene su límite en lo conveniente para una nación. No es un principio abstracto separable de esta. Cuando Renan define la nación como un plebiscito cotidiano supone que ese plebiscito está fundado en razones- históricas, geográficas, jurídicas, económicas, psicológicas- y no en instintos y sensaciones, como si el hombre fuera un animal. Cuando se dice que la democracia es el mejor de los sistemas es porque resulta el más conveniente para la organización social y no sólo porque permita más libertades. Si no fuera así, el mejor sistema sería la anarquía. La democracia es un instrumento para la supervivencia de las naciones. La nación preexiste a la democracia. Si la democracia deviene un instrumento para la ruina de las naciones, pretensión de los separatistas, entonces ya deja de tener la virtud que se le presupone. ¿Pero se puede dudar de que España tiene harto peso histórico y razones de todo tipo para impedir que los separatismos pongan en riesgo su subsistencia y que alegatos en pro de la democracia resultan espurios para tal fin secesionista?

De acuerdo a lo dicho, es ya hora de ilegalizar aquellos partidos que tengan como objetivo en sus programas, clara o veladamente, la destrucción de España. Hay países democráticos que prohíben tales partidos y a nadie le extraña.