¿Qué modelo de político queremos?

De un tiempo a esta parte es frecuente escuchar voces que, desde distintas posiciones, abogan por la necesaria regeneración de la clase política a la que se acusa de disfrutar de una serie de privilegios no admisibles entre los que se contaría, según aquéllas, salarios altos, inmunidades, fueros, así como contratos millonarios una vez abandonada la actividad pública. Al margen de que determinados elementos del estatuto tradicional de la clase dirigente (como es el caso del fuero) puedan resultar cuestionables en la actualidad, lo cierto es que muchas de las descalificaciones y también de las propuestas realizadas se lanzan sin que medie un análisis frío y sereno de la virtualidad de las instituciones que han conformado y conforman el tradicional estatuto de ministros y parlamentarios y, lo que es aún peor, sin que se evalúen con sinceridad los efectos que tendrían algunas de las medidas “insinuadas” (por cuanto que, a día de hoy, no se ha presentado una propuesta articulada de modelo alternativo al actual).

Y eso que muchos de los sloganes-medidas lanzados bien merecen ser sopesados, en el marco del necesario aggiornamiento de unos sistemas que como los democráticos, diseñados hace casi un siglo, han de adaptarse a la realidad y exigencias de las sociedades en las que se inscriben. Pero, con todo, ha de huirse de planteamientos que bajo títulos atractivos traigan consigo consecuencias indeseables o, cuando menos, no suficientemente meditadas. Con ello no quiere decirse que las nuevas soluciones no sean racionalmente admisibles, pero es necesario que, más allá de los titulares, el público conozca las derivaciones de las mismas, algo que, en general, no se está produciendo.

En este sentido, es imprescindible que con carácter previo a la articulación concreta de las medidas preconizadas se reflexione y consensue el modelo de político que queremos a fin de evitar tomar decisiones incongruentes con los principios básicos de partida. Dos serían, a grandes rasgos, los fenotipos a elegir. 1) Opción A: político profesional o profesionalizado. Este modelo parte de la preferencia para la “res publica” de personas que hayan hecho y hagan de la política su actividad única, de tal manera que se prefiera la dedicación y especialización a cualquier otra consideración. El mismo conllevaría la prohibición absoluta de compatibilidad con otras actividades así como el establecimiento de fuertes restricciones en relación con el desempeño de puestos en el sector privado tras la ocupación del cargo público correspondiente. 2) Opción B: político no profesionalizado. Esta opción conlleva facilitar la entrada (y salida) de personas procedentes del sector privado, lo que supone establecer un sistema laxo en cuanto a las incompatibilidades y, en todo caso, favoreciendo la denominada revolving-door, es decir, el tránsito entre el sector público y privado.

En un plano teórico los dos modelos tienen ventajas e inconvenientes. Centrándonos en las primeras, el modelo de político profesional favorece la especialización en el desempeño del cargo público. Además, debe tenerse en cuenta que la política, como cualquier otro ámbito profesional, tiene sus propias claves que deben ser aprendidas y experimentadas. El segundo supone la posibilidad de incorporar a personas con amplios conocimientos y experiencias en determinados sectores profesionales así como un mayor contacto con la sociedad civil, evitando cualquier tipo de endogamia o desconexión con los problemas reales de la comunidad.

En cualquier caso, teniendo como objetivo la incorporación a la vida política de los “mejores”, no parece que, en principio, el factor retributivo, sin ser esencial, no pueda jugar como elemento disuasorio a la hora de atraer a los más capacitados, máxime si se tiene en cuenta que el nivel de responsabilidad (de desvelos o noches sin dormir, en una palabra) anejo a determinados puestos públicos es similar al de muchos puestos directivos del sector privado, en el que se recompensa salarialmente dicho “stress”. No cabe duda de que la vocación política y el servicio público, en general, no tienen ni han de tener el elemento pecuniario como principal atractivo, pero también es verdad que tampoco la entrada en política debiera suponer un importante sacrificio económico que impida captar a los mejores. Ciertamente, la reflexión indicada resulta más adecuada si se opta por el modelo de político no profesionalizado, aunque ello no implica que no sea aplicable en el caso de que se elija la primera alternativa, dado que unas mayores retribuciones harían que aumentara y “mejorara” el número de personas que escogieran la política como primera opción profesional (así, en la actualidad los mejores expedientes universitarios se decantan invariablemente por el sector privado). En sentido contrario al señalado hasta aquí, cabría concluir que de proseguirse en la escalada de salarios públicos a la baja los efectos serían precisamente los opuestos a los deseados, ya que no se atraería a los mejores, con la excepción de aquellos que gocen de una posición económica holgada (la política quedaría para “los mediocres y los ricos”, sin ser excluyentes ambos términos o condiciones).

Consideraciones similares cabe efectuar respecto a las incompatibilidades, en particular las posteriores al desempeño del cargo. Obviamente, han de evitarse en todo caso situaciones de conflicto de intereses; sin embargo, no pueden establecerse restricciones drásticas (por ejemplo, impedir a un gran abogado retornar a su despacho tras haber sido Ministro de Justicia), por cuanto que, además, ello no favorecería, precisamente, las dimisiones (ya de por sí escasas en el paisaje público de nuestros días).

Con todo, el factor retributivo o las incompatibilidades no son, ni mucho menos, los principales elementos a valorar en relación con la configuración del modelo ideal de político. En este sentido, el contenido de la función se antoja capital: baste recordar eminentes figuras de la vida profesional privada que tras dar el paso a la vida política la han abandonado en breve al comprobar el estrecho margen de maniobra con el que contaban en ésta. Así, un sistema político que potencie la autorrealización profesional y la iniciativa de sus distintos integrantes parece un desiderátum razonable. Baste señalar que no caminaría en dicha dirección la exigencia actual de que las enmiendas presentadas por los diputados hayan de contar con la firma (en otras palabras, con el visto bueno) del portavoz del correspondiente grupo parlamentario al que pertenecen, pudiendo citarse otros muchos ejemplos. La propia disciplina de voto tampoco favorecería en principio la incorporación de perfiles valiosos con capacidad crítica, si bien aquí nos moveríamos en el difícil (y resbaladizo) terreno de la virtualidad actual del principio representativo (abordado en esta páginas meses ha), o, en definitiva, a quién se vota en nuestros días, si al partido o a personas a quienes concedemos una libertad (por mínima que sea) de actuación. En este punto, como en otros, la solución de las circunscripciones uninominales (reconociendo sus inconvenientes o riesgos) se antoja como la más idónea a priori.

En definitiva, si queremos a los mejores en política y una política de los mejores se ha de ser consecuente con esos deseos. Decidamos y visualicemos primero el punto de destino para dar instrucciones al navegador ya que, en caso contrario, quizás lleguemos a un lugar al que nunca quisimos ir.