Ayer lunes el fiscal Alberto Nisman debía comparecer ante la Comisión de Legislación Penal del parlamento argentino para dar cuenta de nuevas revelaciones sobre el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA- en 1994. Sin embargo, fue encontrado muerto en su domicilio. Ello libró a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios miembros de su Gobierno de escuchar nuevamente las acusaciones de complicidad y encubrimiento de los sospechosos iraníes, así como de obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La conmoción que vive el país es comprensible. Resulta muy sospechoso que el día en el que Alberto Nisman iba a aportar pruebas concluyentes que implicarían al gobierno argentino de encubrir a los autores del atentado contra la AMIA -85 personas fallecieron y más de 300 resultaron heridas- aparezca muerto. Días atrás decía en una entrevista que temía por su vida, y parece claro que los temores estaban fundados.
Cristina Fernández de Kirchner debe dar explicaciones urentes. La impunidad y el mantonismo que de un tiempo a esta parte se han convertido en el marchamo de su labor de gobierno -con claras influencias bolivarianas- no pueden volver a imponerse, y menos en un asunto tan delicado. Si, como parece, Kircher habría encubierto a los autores de la mayor masacre de su historia reciente, estaríamos ante una crisis sin precedentes.
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