Un llamativo post - más de un año circulando por las redes sociales - asegura de manera categórica que el trabajo de una persona nunca debería salir gratis, no contar con su correspondiente remuneración. En ningún caso. Con este post se trataba de “denunciar” a aquellos que “preferían”, lógicamente en contra de su voluntad, cobrar mucho menos o, incluso, no cobrar, antes que quedarse sin empleo. Con tal de no perder la oportunidad de agarrarse como fuera a cualquier tarea que le “rescatara” de la desesperante lista del paro, volviera a ponerle en contacto con los privilegiados que salían de casa cada mañana para ir al tajo o, simplemente, de empezar a rellenar un currículo cuyo apartado de experiencia laboral permanecía recalcitrantemente en blanco. Excusas, pensaban quienes los acusaban de reventar el “libre mercado del empleo”, de hacer el juego a empresarios que podrían estar aprovechándose de la crisis para inaugurar un periodo de rebajas salariales a costa del miedo de muchos a quedarse mano sobre mano. El dogmático post casi parecía culpar a quien trabajara sin cobrar – o cobrando, discúlpenme la expresión, una mierda – de ser unos esquiroles de tomo y lomo. Porque es muy fácil juzgar calzando siempre tus propios zapatos.
Cuestión de Perogrullo o de sentido común, el comentario de que todo trabajo debía ser económicamente retribuido dejaba sin excusas a quienes, por el contrario, tienen por costumbre acceder a contenidos digitales por la cara. Aunque nadie quiera verlo, todavía. Más bien al contrario, porque de acuerdo con el Observatorio presentado este martes por la Coalición de Creadores, la piratería en internet sigue creando escuela, ganando adeptos. Las cifras son de escalofrío. De apaga y vámonos. En 2014, el 87,94 % de los contenidos culturales consumidos on line en España fueron ilegales. Un porcentaje aún mayor que en 2013. Y no parece que la curva vaya a tomar de momento el camino de descenso. Es cierto que la Ley de Propiedad Intelectual, con multas de hasta 600.000 euros y condenas record como la impuesta por la Audiencia Nacional a los responsables de YouKioske, sólo lleva en vigor desde el pasado mes de enero, pero cuando la conciencia social sigue estando a favor del pirateo es difícil que se cumpla la ley. Al menos, no por voluntad propia. Solo queda mano dura. Acción urgente contra quien facilita las descargas ilegales y, también, contra quien las utiliza, despreciando en realidad aquello que dice disfrutar e, incluso, admirar. Porque por mucho que se piense que a quien se piratea es “solo” a las grandes editoriales o productoras, aquel que ha empleado meses o años enteros de su vida en una creación cultural ve con inmensa pesadumbre, rabia también, su obra pisoteada. ¿Acaso los creativos pertenecen a una especie distinta, y pueden – o deben – trabajar gratis? ¿Por amor al arte y, para colmo, sin mecenas?
Pero no hablemos solo de ellos. La industria cultural se ha resentido, como todas, a causa de la crisis y la subida del IVA y, sin embargo, su principal punto débil es la piratería. A lo largo del pasado año se accedió ilegalmente a 4.455 millones de contenidos digitales, lo que supuso un lucro cesante de 1.700 millones de euros, dinero que hubiese ayudado a crear más de 29.000 puestos de trabajo. Remunerados, por supuesto. Y aunque no hubieran alcanzado tan estimable número, seguro que habría merecido la pena poder crear algunos, en lugar de continuar engordando los bolsillos de los parásitos que se lucran a costa de lo que otros escriben, pintan, fotografían, cantan o interpretan. Las web piratas no muestran su pata de palo ni su parche en el ojo, pero son sanguijuelas de manual a las que, por desconocimiento o despreocupación, muchos siguen cebando. Porque más del 70% de los portales desde los que se accede ilegalmente a los contenidos culturales se financian, con indiscutible éxito, gracias a la publicidad.
De esta publicidad, un porcentaje importante corresponde a sitios de apuestas, de contactos o del llamado contenido para adultos. Aunque tampoco las marcas conocidas de productos de consumo parezcan tener reparos a la hora de financiar a estos corsarios del siglo XXI: más de un tercio de la publicidad de las páginas de descargas ilegales corresponde a famosas marcas, por ejemplo, de alimentación. Los piratas cuentan, en todo caso, con otras fuentes de ingresos aparte de la publicidad. Así, muchas de ellas exigen registrarse como usuario antes de acceder al anhelado “download gratis total” y luego venden los datos personales que les han sido facilitados a empresas dedicadas al e-mailing comercial. Unos datos que cotizan muy alto en el agresivo mundo del marketing y por los que, como es obvio, los piratas no han pagado nada.
Concienciémonos, lo gratis demasiadas veces sale caro. Únicamente ganan los malos. Un libro digital cuesta una media de 3 euros. Sabiendo lo que hay detrás, ¿de verdad vale la pena descargarlo sin pagar? En 2014 se contabilizaron 335 millones de accesos ilegales a libros digitales con un valor de mercado de 2.680 millones de euros, que supuso un lucro cesante de 100 millones. Ahora que, por fin, ya no miramos con tan buenos ojos a quien defrauda – curioso término – a Hacienda, ¿haríamos el esfuerzo de pensar en todo lo que se pierde con cada descarga ilegal, antes de decidir pulsar el botón izquierdo del ratón donde no debemos?
Si (
No(
