Ana Jara actúa como pararrayos del presidente Humala.
La temida parálisis en el Gobierno de Ollanta Humala se ha consumado, sin que se sepa si la crisis del Gabinete permitirá remontar la situación actual, o será, por el contrario, el comienzo de un derrumbe en cadena cuyo final resulta muy difícil de predecir. El pleno del Congreso de Perú ha aprobado una moción de censura contra la primera ministra de Humala, Ana Jara, a la que el presidente se ha visto obligado a destituir. La mayoría que hoy domina en el Congreso, liderada por Keiko Fujimori, hija del dictador preso Alberto Fujimori, sumada a los parlamentarios de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), ha permitido esta victoria de la oposición contra la presidencia, en una votación donde la desaprobación a Ana Jara contó con 77 votos a favor, 42 en contra y 2 abstenciones.
El presidente Ollanta Humala ha tratado de restar importancia a esta situación -después de haberla descrito como una catástrofe- adelantando que en pocos días presentará otro candidato, con lo cual se resolverá el compás de espera e incertidumbre. Pero puede que no suceda exactamente así. El nuevo candidato a la jefatura del Ejecutivo deberá pasar por el trámite de la aprobación del Parlamento, y no es descartable que sea rechazado como ha sido Ana Jara, arrastrando a Humala a unas elecciones generales anticipadas en un momento convulso. La propia preselección del candidato que se presente a la investidura ha desatado una agitación política fuera de lo habitual, dado lo que está en juego a medio plazo en Perú.
El motivo de la moción de censura que ha fulminado a la primera ministra, Ana Jara, se ha debido al espionaje llevado a cabo por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) con grabaciones a políticos, periodistas, empresarios y otros personajes públicos susceptibles de ser chantajeados o de proporcionar información clave por un conducto absolutamente ilegal. No se trata de un asunto novedoso en la vida hispanoamericana. No solo en dictaduras como la cubana o en regímenes autoritarios como el chavista en Venezuela se vulneran sistemáticamente las comunicaciones privadas. Las escuchas proliferan en Colombia en relación con el narcotráfico y las negociaciones de paz con las FARC en La Habana. Los servicios secretos han sido refundados en Argentina. En el propio Perú los Gobiernos del APRA nunca estuvieron libres de la sospecha del espionaje interno, así como el presidente Alberto Fujimori recurrió a los poderes del Estado y del entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) no únicamente para combatir a la guerrilla de Sendero Luminoso, sino también para lograr su propia reelección presidencial.
La sensibilidad del país está en carne viva y la reacción de la ciudadanía ha sido -no cabía esperar otra cosa-, todo menos paciente. Formalmente, de la primera ministra, Ana Jara, depende el DINI, responsable de los 100.000 rastreos ilegales realizados. Pero más allá del formalismo administrativo, el escándalo político se ha producido porque su censura y destitución no ha sido producto de su -buena- gestión de Gobierno. En todo momento ha quedado claro que Ana Jara ha actuado como pararrayos al servicio de Ollanta Humala y de su esposa la primera dama Nadine Heredia.
Así lo expuso sin ambigüedades el congresista Alberto Beingolea quien apuntó que el verdadero responsable del uso autoritario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) no era otro que el presidente Humala, pero que la acción política no pudo materializarse directamente contra él porque el máximo mandatario está protegido expresamente por la Constitución.
En sus propias palabras Beingolea expuso: “Nosotros creemos que el responsable de este servicio de inteligencia es el presidente Ollanta Humala, porque los dos jefes que ha tenido el DINI han sido integrantes de su propia promoción militar y despachaban directamente con él”, según declaraciones recogidas por el diario El Comercio, de Lima. Concluyendo: “El Perú tiene un diseño constitucional, según el cual el presidente de la República es irresponsable de sus actos y cuando este comete fallas garrafales o errores enormes, quien asume la responsabilidad política es el ministro del sector. Ana Jara era una buena primera ministra, pero debía ser censurada, como parte del control político que ejerce el Parlamento sobre el Ejecutivo. Los miles de rastreos que perpetró la DINI sobre políticos, empresarios, militares y periodistas son inadmisibles.”
Al margen de la inquietud y el estancamiento en un momento económico sumamente delicado, la moción de censura contra Ana Jara y su caída al frente del Gobierno deja en la ciudadanía peruana un profundo malestar. En primer término, por la convicción de que no se ha depurado auténtica la responsabilidad política del espionaje, castigando a Ana Jara como figura interpuesta frente a otras más altas en la escala institucional. Por lo mismo, la acción del Congreso deja el sabor de una operación inútil donde ha primado el gesto ante la opinión pública en vez de un acto verdaderamente eficaz que impida utilizar los recursos del Estado con fines partidistas: algo que ha salido indemne tras esta batalla parlamentaria. Y en último lugar, porque ha colocado al descubierto una fragilidad institucional donde la presidencia de Ollanta Humala ha dado lugar a siete Gabinetes distintos, con un promedio de duración de siete meses cada uno de ellos, lo que convierte en inviable el desarrollo de proyectos a medio plazo.
Tras estas diferentes facetas de un mismo malestar subyace una radicalización partidista con el horizonte de las próximas elecciones presidenciales, en la que ha sobresalido la incapacidad de negociación y el rechazo a cualquier diálogo, clima que solo favorece las posturas más populistas que hoy tratan de pescar en río revuelto.
