Transparencia como medio, no como fin

Señalaba uno de los más grandes pensadores del último tercio del siglo XX, Norberto Bobbio, que la democracia no es otra cosa que el gobierno del poder visible, el gobierno de lo público en público. Si por algo se caracterizan los regímenes democráticos frente a los autoritarios o autocráticos es por el hecho de que la transparencia se configura como elemento consustancial a aquéllos, vertebrando y dando sentido a los demás caracteres del gobierno del pueblo, frente al secreto propio de estos últimos.

La propia evolución de los sistemas democráticos ha venido marcada por un proceso por el que se van abriendo cada vez un mayor número de ventanas, hasta entonces tapiadas, de la casa pública, siendo este un capítulo fundamental en lo que García de Enterría denominara la lucha contra las inmunidades tradicionales del poder. Así sucedió con el advenimiento de los ordenamientos liberales en la Europa del XIX en relación con los “arcana imperii” propios del Antiguo Régimen, consolidándose dicho esfuerzo con las sucesivas oleadas democráticas que se han producido tras la II Guerra Mundial. En los últimos tiempos el tema que nos ocupa, la transparencia, está experimentando otro “revival”, como elemento de vanguardia en la lucha contra una corrupción que vuelve a preocupar, y mucho, al conjunto de la ciudadanía, figurando asimismo en un lugar destacado entre las medidas necesarias para superar la tan cacareada brecha entre los representados y sus representantes. De hecho, en España desde hace pocas fechas asistimos a una auténtica moda de la transparencia, convirtiéndose esta en una especie de mantra llamado a solucionar todos los males endémicos de nuestro sistema. En todo caso, debe subrayarse que las reformas emprendidas han de ser saludadas positivamente, toda vez que en este tema nuestro país se encontraba en el furgón de cola en comparación con otros Estados de nuestro entorno.

Como indicara el que fuera cuarto presidente estadounidense y padre de la Constitución de Filadelfia, James Madison, “un pueblo que quiera ser su propio soberano debe procurarse el poder que le facilita el conocimiento”. De este modo, la información, y con ella la libertad de informar y acceder a aquélla es unánimemente considerada como piedra clave para el gobierno del demos, ya que sin ella, como señalara la Corte Suprema estadounidense en New York Times contra Estados Unidos (1971), la democracia queda reducida a un campo de ruinas. Con todo, en el panorama actual no han de perderse de vista determinados peligros. Y, en este sentido, ha de traerse a colación la distinción formulada hace años por Scarpelli entre información y noticia, entendiendo por esta última aquella que se centra únicamente (y el adverbio cobra aquí toda su importancia) en los aspectos sensacionalistas o escandalosos de la realidad. Puede ocurrir así que sólo lo noticiable, lo escandaloso, lo rodeado de morbo, sea lo que llegue al público, con frecuencia en sucesión vertiginosa, de manera que se cree una apariencia de información, de debate, quedando intactos los sancta santorum de la ciudad, los auténticos secretos.

Por todo ello, han de hacerse dos consideraciones al hilo de la transparencia, desiderátum irrenunciable de todo sistema democrático. En primer término, el hablar de transparencia debe ir acompañado siempre de la pregunta “¿para qué?”, esto es, toda invocación de la necesidad de transparencia ha de ir unida necesariamente a un fin. Con ello quiere subrayarse que la transparencia por sí sola no es un valor, debiendo vincularse inescindiblemente a un objetivo, a una consecuencia, a un resultado. Y este no debe ser otro que, de una parte, posibilitar el control por los órganos llamados a ejercerlo y, de otra (aunque en íntima conexión con el primero), formar y activar la conciencia crítica del ciudadano, de manera que la información le permita conocer realmente el modo en el que se ejerce el poder, fomentando su participación en el sistema de gobierno así como poner en marcha los oportunos mecanismos de control, especialmente a través del voto. En nada favorece este objetivo la avalancha de noticias centradas exclusivamente en la corrupción o el escándalo, o cuando la pretendida transparencia y acceso a la información se queda únicamente en un ejercicio del cotilleo más ramplón u obsceno. Con ello no quiere decirse que la denuncia de ciertas situaciones no sea necesaria, sino que en muchas ocasiones el debate público se queda en la “arena” sin que se aborden las grandes cuestiones para la mejora o regeneración de un sistema en el que algunos advierten signos de agotamiento. Incluso no cabría descartar que la situación descrita respondiera a una táctica consciente para distraer la atención de los verdaderos problemas.

En segundo término, si acabamos de señalar que la transparencia sin un fin concreto pierde su sentido, lo mismo ha de indicarse respecto a la ausencia de medios que permitan extraer consecuencias de la amplia información accesible. Y esto vale tanto para el demos como para los órganos de la arquitectura constitucional encargados del control, carentes en numerosos casos de capacidad de procesamiento de la información desvelada. Dicho de otro modo: de nada sirve (más bien lo contrario) aumentar el caudal del grifo si el recipiente va a seguir siendo igual de pequeño (o si se prefiere, si el tapón va a seguir abierto). Es este un punto clave no suficientemente abordado en las recientes reformas aprobadas. Por lo que concierne al ciudadano son aplicables aquí las conclusiones referidas anteriormente a propósito del fin de la transparencia. Por lo que respecta a los órganos de control, la información suministrada ha de facilitar precisamente ese propósito, a lo que ha de acompañarse la necesaria articulación de una estructura que permita a los mismos analizar y, sobre todo, sacar conclusiones de la misma. Ello es particularmente evidente (y acuciante) en lo referido a los Parlamentos contemporáneos y, de manera especial, en relación con la información económico-presupuestaria “en poder” del ejecutivo, de particular complejidad por sus propias características. La consideración realizada cobra más importancia si cabe si se tiene en cuenta que en la actualidad buena parte del tradicional debate ideológico y, en general, de la lucha política, se ha desplazado al terreno presupuestario, como ejemplifica, como ninguna otra, la realidad política norteamericana de los últimos años con el protagonismo de términos como el “shut down” o el “sequester”.

Señalaba el juez Brandeis que el mejor desinfectante es la luz del sol. Coincidiendo plenamente con tal aserto, no debe olvidarse, empero, que dicha luz debe iluminar y no cegar, por lo que es necesario arbitrar los medios que permitan hacer útil la información ahora accesible. El concepto básico al respecto no es otro sino la “accountability”, la rendición de cuentas. Reconociendo todo lo que se ha avanzado en la consecución de un poder más visible, no podemos ser complacientes, debiendo reconocerse que queda un amplio espacio de mejora.