Vientos de cambio y de pactos

Las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo dejaron un balance claramente negativo para el Partido Popular, tras sufrir una pérdida de dos millones y medio de votos, rompiéndose así con la tónica de mayorías absolutas de épocas que se pueden considerar ya parte del pasado. Nada menos que 513 mayorías absolutas ha visto mermadas el Partido Popular, lo que se puede traducir en la pérdida de gobierno sobre 17 millones de ciudadanos. Madrid, Sevilla, Valencia, Alicante, Málaga, Palma de Mallorca o Córdoba representan algunas de las ciudades en las que el ayuntamiento puede dejar de ser gobernado por el Partido Popular a partir del próximo 13 de junio.

Esperanza Aguirre ha acusado a “Podemos” en los últimos días de querer boicotear la democracia a través de la alcaldía de Madrid, proponiendo en consecuencia un pacto a PSOE y Ciudadanos con el que se pudiera obstaculizar que “Ahora Madrid” llegase a la alcaldía a través de su candidata, Manuela Carmena.

Me resulta cuanto menos chocante que Esperanza Aguirre, avalada por el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, pueda haber hecho semejante aseveración. No hay ninguna fracción política de las que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas que se pueda decir que atenta contra los principios democráticos o que resulta ser “una amenaza para la estabilidad democrática” por el mero hecho de haber defendido o defender un programa político determinado. Creo que no hay nada peor que olvidar cuáles son las reglas del juego democrático, claramente preexistentes al resultado que puedan obtener las distintas fracciones políticas tras las elecciones. De hecho, el propio García Margallo, Ministro de Asuntos Exteriores, así lo ha defendido, sin disimular un ápice su distanciamiento de Esperanza Aguirre, en un reciente discurso oficial; como lo ha defendido también Cristina Cifuentes, con gran probabilidad, futura presidenta de la Comunidad de Madrid si llegase a obtener el apoyo de Ciudadanos.

Es una obviedad pero algunos parecen haberlo olvidado: en política sólo cabe el diálogo entre mayorías y minorías políticas que si son actores en el tablero democrático es porque se presentan como legítima opción para el electorado, esto es, porque respetan los valores esenciales del juego democrático, lo que excluye por completo la intolerancia o la marginación de determinadas fracciones políticas por el mero hecho de defender un programa diferente u opuesto al mayoritario en términos de legitimación social.

No hay partidos más constitucionales que otros. Todos lo son desde el momento en que concurren a las elecciones. Defender lo contrario implica tener una posición de prepotencia ideológica que llega al solipsismo político, sectarismo y aislamiento intelectual. La izquierda radical no es menos constitucional que el partido de centro o que la derecha moderada. Afirmar lo opuesto implica, a mi modo de ver, no solo un desconocimiento absoluto de la vida democrática sino que además genera desconcierto y desasosiego en el electorado que confía en que los filtros racionales del entramado democrático han funcionado lo suficientemente bien como para no dejar que la democracia haga aguas o se venga abajo por la irrupción en la escena política de grupos políticos hasta el momento minoritarios. Si hay algún partido que atenta contra el ordenamiento constitucional, la condena y la exclusión tajante ha de ser previa a las elecciones y para ello poner entonces en marcha la poderosa maquinaria que desde el Estado de Derecho avala y defiende la legitimidad de las distintas fuerzas políticas.

Por todo lo anterior, recomendaría al Partido Popular que hiciera autocrítica para entender la razón del cambio de voto del electorado en España y dejar a un lado las pueriles acusaciones o el empleo de sus energías en crear una política “Antipodemos”. No resulta ni útil, ni pedagógico y considero además que genera escisiones poco respetuosas con las reglas democráticas.

La autocrítica es necesaria no para fustigarse en público o en privado sino para repensar sobre los postulados, los valores, los procedimientos, los líderes muchas veces poco proclives al relevo generacional, etc., que no han sido respaldados por la ciudadanía española.

Los partidos políticos no son infalibles pero la democracia sí, siempre que ésta se haga valer incluso por los líderes que no han alcanzado sus objetivos de campaña, al no haber encontrado suficiente eco o apoyo en las urnas. Naturalmente, el electorado puede equivocarse y por ello, afortunadamente, las elecciones las tenemos periódicamente, cada cuatro años en nuestro país, con el fin de poder renovar o modificar nuestra decisión en términos políticos.

Esperemos que los partidos políticos independientemente de su éxito electoral sepan anteponer los intereses generales de los españoles y de España a los de su determinada orientación política, sea la que sea ésta. Corren vientos de cambio y de pactos.