Rafael Blasco, exconsejero 'popular' valenciano, ha entrado minutos antes de las 9 de la mañana de este lunes en prisión. Destinó un 97 por ciento de fondos a la Cooperación a la compra y reforma de inmuebles en Valencia.
El exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalidad Valenciana, Rafael Blasco, ha ingresado este lunes en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) para cumplir una sentencia de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional en Nicaragua. El ex diputado autonómico y exportavoz parlamentario del PP ha sido condenado por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, y tiene pendientes otras dos causas por el supuesto desvío de otras partidas destinadas también a iniciativas solidarias.
El Tribunal Supremo rebajó en año y medio la condena inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que no existió delito continuado, y mantuvo la pena de 20 años de inhabilitación para cargo público. La sentencia relata cómo Blasco, en su calidad de consejero, convocó en marzo de 2008 la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional, convocatoria a la que concurrió otro de los condenados, Marcial López, en nombre de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales. "En realidad, se trataba de una entidad prácticamente de su propiedad, que gestionaba de forma personal y directa como plataforma para obtener en su propio beneficio subvenciones y otro tipo de ventajas", relata.
La Consejería concedió a esta fundación un total de 1,6 millones de euros supuestamente para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos. El Supremo considera probado que de este dinero que la Generalidad invirtió en estos dos proyectos apenas llegó a su destino la cantidad del 3 por ciento, exactamente 47.953 euros. El 97 restante fue aprovechado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en la ciudad de Valencia.
El alto tribunal señala en su fallo que la conducta de los condenados supuso "pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado deseaba ver destinada una parte de su contribución del erario público a fines solidarios trasnacionales".
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