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sin dialogar con el campo

El Gobierno argentino corrige los impuestos a las exportaciones de granos

viernes 30 de mayo de 2008, 00:21h
El Gobierno argentino retomó este jueves la iniciativa política en la crisis que enfrenta con los productores agropecuarios y anunció, unilateralmente, una corrección del esquema de impuestos a las exportaciones de granos que no ha satisfecho a las organizaciones agrarias, decididas a seguir con la protesta.

"Hemos hecho algunas modificaciones con el propósito de preservar el funcionamiento de los mercados a futuro", dijo en rueda de prensa el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

El conflicto estalló en marzo, cuando el Gobierno anunció un régimen de retenciones (impuestos) móviles a las exportaciones de grano que fue rechazado por los productores agropecuarios y desató una crisis que costó el cargo al entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, y ha producido un duro desgaste a la presidenta, Cristina Fernández.

Los productores rurales exigen la derogación de un esquema tributario que consideran "confiscatorio" y reclaman una política integral para el sector, incluyendo la producción de leche y de carne vacuna.

El anuncio oficial se ha producido en medio de un parón en las negociaciones, suspendidas el pasado lunes unilateralmente por el Gobierno en respuesta a las críticas de las organizaciones agrarias, que el miércoles iniciaron la tercera fase de huelga comercial en este conflicto.

La nueva medida del Gobierno rebaja las retenciones por exportaciones de soja, girasol, trigo y maíz a una tasa límite del 52,7 por ciento, frente a una máxima del 95 por ciento prevista en el esquema decretado el 11 de marzo pasado.

El tope de las retenciones se aplicará cuando los granos alcancen precios muy superiores a los actuales y lleguen a los 900 dólares por tonelada para el girasol, los 750 dólares por tonelada para la soja y los 400 para el maíz y 600 para el trigo.

"Argentina tiene una formidable oportunidad ante un mundo que demanda alimentos, pero no queremos que esto termine tergiversando el correcto funcionamiento del campo argentino y que éste termine produciendo solo un cultivo que los argentinos no consumen (la soja)", insistió Fernández, que tachó de "altaneros" a los líderes rurales y denunció su "formidable incapacidad" para negociar.

Además, el Gobierno anunció que facilitará el acceso de pequeños y medianos agricultores inscritos ante el Fisco como trabajadores independientes (bajo el régimen de "monotributo") a compensaciones que en la práctica mantienen su régimen impositivo en la misma situación que antes del conflicto.

La medida no ha satisfecho a las organizaciones agrarias, que han criticado el anuncio unilateral del Gobierno y han advertido que no resuelve las causas del problema.

Banco Mundial
Por otro lado, el Banco Mundial (BM) ha anunciado una nueva línea de financiación por 1.200 millones de dólares, incluidos 200 millones en donaciones, para aliviar el impacto de la subida de los precios de los alimentos en los países más pobres.

Robert Zoellick, el presidente del BM, señaló, en una rueda de prensa telefónica desde Tokio, que el organismo prevé que su respaldo a las actividades agrícolas y los programas alimenticios en todo el mundo alcancen el próximo año los 6.000 millones de dólares, frente a los 4.000 millones del 2008.

Ese apoyo contempla todas las operaciones del BM vinculadas con la agricultura, incluidos préstamos, financiación de proyectos del sector privado o respaldo a programas de ayuda condicional, que entregan dinero para compra de alimentos y otros bienes básicos a las familias a cambio de que los padres envíen a sus niños a la escuela o les hagan revisiones médicas periódicas.

El Banco prevé también el lanzamiento de programas para asegurar las cosechas y proteger de esa forma a los países más pobres y a los pequeños propietarios frente a posibles eventualidades.

Los precios de los alimentos han subido una media del 68 por ciento entre enero del 2006 y marzo de este año.

Ese aumento ha sido particularmente agudo en el caso de alimentos de consumo básico como el maíz, que subió un 128 por ciento en el periodo, el arroz, cuyo precio se duplicó, y el trigo, que se encareció un 123 por ciento.

Zoellick apuntó que los líderes de las naciones más pobres, entre ellas muchas africanas, están pidiendo una acción internacional concertada para afrontar la actual crisis.

El presidente de la institución financiera expresó su confianza en que la reunión internacional que se celebrará en Roma la próxima semana bajo el amparo de la ONU para afrontar la crisis actual se salde con decisiones concretas.

Dijo que existe la necesidad de "un claro plan de acción" porque "los elevados precios de los alimentos están colocando a las personas y a los países en una situación peligrosa".

Insistió en que la ayuda inmediata debe destinarse a las tareas más apremiantes, como asegurar que los niños en edad escolar reciban alimentos y las mujeres embarazadas, la nutrición apropiada.

A más largo plazo, comentó, la ayuda debería concentrarse en asegurar que los pequeños agricultores tengan semillas y fertilizantes para garantizar las próximas cosechas.

El Banco Mundial dará luz verde hoy mismo a donaciones de 5 millones de dólares para Djibouti, de 10 millones para Haití y otros 10 millones para Liberia.

El organismo multilateral espera aprobar en los próximos meses desembolsos para Togo, Yemen y Tayikistán.

La línea de financiación de 1.200 millones apoya programas de ayuda como aquellos que intercambian alimentos por mano de obra o los proyectos de alimentación escolar destinados a los más vulnerables.

El programa ofrece también respaldo a la producción de alimentos, al facilitar semillas y fertilizantes, apoyar los sistemas de irrigación para pequeños granjeros y ofrecer ayuda para equilibrar los presupuestos ante costos inesperados derivados de la escalada de los alimentos.

La aprobación de los préstamos y donaciones se hará por la vía rápida.

"La idea es responder de forma inmediata a las necesidades humanas de la presente crisis", en lugar de dedicar entre cuatro o seis meses a aprobar un proyecto, destacó Zoellick.



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