La redada contra una red yihadista llevada a cabo este martes por la Policía Nacional, en coordinación con la Dirección General de Vigilancia del Territorio marroquí, y en la que se detuvo a catorce personas presuntamente relacionadas con el aparato de captación de Estado Islámico, pone de manifiesto, una vez más, lo que se ha convertido en una auténtica amenaza para nuestro país: los radicales islamistas buscan y encuentran en España a decenas de candidatos para engrosar las listas de sus organizaciones terroristas.
Desde que Estado Islámico irrumpiera en Siria e Iraq hace ya algo más de un año, una de sus principales fortalezas ha sido la nutrida participación de combatientes extranjeros provenientes de casi todas las partes del globo. España también ha contribuido a esta particular legión extranjera, que algunos analistas llegan a cifrar entre 15.000 y 20.000 milicianos.
De nuestro país, según reconocía hace unas semanas el propio ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha partido hacia Oriente Medio con el objetivo de sumarse a la yihad un total de 126 individuos, de los que al menos se tiene noticia de que 25 habrían fallecido. Del centenar restante, otros 25 habrían regresado al país y, de ellos, quince se encuentran detenidos.
Si bien España se sitúa muy lejos de las cifras de otros países lanzadera, como Reino Unido, Bélgica o Francia, cuya contribución se cuenta por miles, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia están en estado de máxima alerta ante la posibilidad de que alguno de estos yihadistas nacionales regrese de Oriente Medio con la intención de perpetrar un atentado o que aleccione a otros, ya sea entre su círculo más cercano o entre uno más amplio, para que lleven a cabo sus mortales planes.
Tras Francia, España es el país que de forma más recurrente citan los líderes yihadistas como objetivo europeo, pues la idea de que Al-Andalus forma parte del gran califato islámico que quieren crear es uno de los principales mantras de su discurso.
En este sentido, desde el Ministerio del Interior se puso en marcha hace meses un plan de localización y neutralización de posibles amenazas que ha derivado en la detención, sólo este año, de 67 individuos relacionados, en su mayoría, con la estructura de reclutamiento y envío de nuevos milicianos. Una cifra de detenidos que se eleva hasta los 606 en 132 operaciones desde los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004.
Sin embargo, este plan no se restringe a la actuación policial a pie de calle, sino que también se extiende a los centros penitenciarios, uno de los principales focos de captación y radicalización de estas organizaciones terroristas.
Según Interior, hasta 2012 ocho de cada diez procesos de radicalización se producían en las prisiones o en los entornos de las mezquitas. En la actualidad, esta transición se produce, sobre todo, a través de Internet y de las redes sociales, un arma que tanto Al Qaeda como Estado Islámico están sabiendo explotar con gran efectividad.
Así, se calcula que unos 200 reclusos que cumplen condena en cárceles españolas están bajo estrecha vigilancia por parte de Instituciones Penitenciarias ante la posibilidad de que entren en contacto con influencias yihadistas que les permitan, una vez en puestos en libertad tras el cumplimiento de su condena, montar una estructura con fines terroristas.
Las redes establecidas en nuestro país, de las que se han servido tanto Al Qaeda como Estado Islámico, están diseminadas por el territorio nacional, si bien se centran mayoritariamente en Cataluña, el Levante, Madrid, Ceuta y Melilla. Suelen ‘pescar’ entre individuos de origen humilde y escasa cultura que, en muchos casos, tienen problemas de inclusión cultural en nuestro país o hasta de adaptación a la propia sociedad occidental.
El pasado español de Ayoub El Kahzzani, el presunto terrorista cuyo ataque terrorista en un tren entre Bruselas y París fue neutralizado por unos marines estadounidenses hace unos días, pone de manifiesto el estrecho vínculo que guardan los islamistas con nuestro país. El Kahzzani vivió en la barriada algecireña de El Saladillo durante siete años, donde los investigadores creen que pudo empezar a radicalizarse antes de mudarse en 2014 con su familia a Francia.
El caso de El Kahzzani es repetido una y otra vez dentro de nuestras fronteras. Normalmente son jóvenes inadaptados (aunque la franja de edad va de los 25 a los 40 años) que encuentran en la religión una suerte de bote salvavidas y que, tras entrar en contacto con ideas o personas más extremistas, inician un proceso de progresiva radicalización que desemboca en su adhesión a redes terroristas.
Tanto el Ministerio del Interior como la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) están sobre aviso y en máxima alerta ante esta amenaza. El yihadismo español sigue latente y dispuesto a atentar para provocar una nueva matanza como la del 11M. Al menos, esos eran, al parecer, los planes de los catorce detenidos este pasado martes.
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