Dos reflexiones de fondo tras las elecciones catalanas

No deberíamos echar las cuentas de la lechera ni dejarnos engañar por falsos espejismos. Mas ha perdido su referendum, que al final logró llevar a cabo, de modo inequívoco y con todas las garantías, y le va ser muy difícil repetir como President. Comprobará, como le pasó a Ibarretxe, lo caro que, a la postre, resultan los pulsos al Estado y lo arriesgado de jugar retorciendo las reglas que después no puedes evitar se te apliquen: si convocas unas elecciones autonómicas como un plebiscito lo que no puedes es pretender que su resultado no se mida antes por los votos que por los escaños obtenidos. De modo que se ha contado el número de independentistas catalanes, que son menos de los que se oponen a la independencia: en la situación de Mas un líder político honesto debería, por tanto, sacar la consecuencia obvia de esta derrota, presentando la dimisión. Las elecciones han mostrado, con todo, la gran fuerza del independentismo que disfruta de la mayoría absoluta en el Parlament y que plantea un desafío indudable a la estabilidad y legitimidad del edificio político español en su conjunto. Por tanto, en rápida conclusión, la derrota del plebiscito independentista, el fracaso de Mas, la imposibilidad de proceder a la inmediata declaración de independencia, gracias a la lectura honesta de los resultados de la CUP, no son consecuencias a desdeñar de estas elecciones. Sin olvidar en el balance la obtención de la mayoría absoluta en el Parlament por parte del secesionismo.

Me parece que, sobre todas las cosas, estas elecciones nos han dado un respiro para repensar con algo de tranquilidad los términos en que se encuentra el problema catalán. Creo que esta reflexión es inexcusable, se cuente en el inmediato futuro o no con los protagonistas políticos actuales ( téngase en cuenta que el fracaso de Mas no ha supuesto precisamente el reforzamiento de Rajoy, cuya estrategia ha contribuido, a juicio de muchos, a enconar el desafío separatista). En el momento actual me parecen inevitables dos consideraciones cuya ponderación debe hacerse sin falta para afrontar con un mínimo de racionalidad el desafío que la situación política catalana plantea.

El independentismo, en primer lugar, debe de admitir que le falta el suficiente apoyo popular para, en estos momentos, llevar a cabo la secesión. No se trata de una imposibilidad jurídica, que podría, debería, me atrevería a decir en su caso, superarse. La cuestión es que en Cataluña no hay base política para intentar la independencia. La independencia no puede afrontarse con una, valga la expresión, simple mayoría absoluta: no es racional este planteamiento. Las sociedades democráticas de nuestro tiempo disfrutan necesariamente de la legitimidad que ofrece una amplia base de consenso. Ese acuerdo de base exigido en el momento constituyente, es imprescindible con más razón en la decisión fundadora de la independencia. No se puede establecer nada bueno sobre un fulcro político tan fragmentado como lo es en estos momentos la sociedad catalana. Creo, honestamente, que esta debilidad del independentismo, esto es, su incapacidad hasta ahora para convencer a la gran mayoría de la población, la mayoría clara y sólida de que habla el dictamen del Tribunal Supremo del Canadá, tiene una causa que es la de la irrazonabilidad de la demanda separatista. Nadie ha dejado de oir, nadie ha tratado desconsideradamente a Cataluña, para que ésta pueda plantearse justificadamente ejercer su “derecho a irse” por utilizar la expresión de Hirschman.

Pero, en segundo lugar, la gravedad del momento político catalán interpela también al resto de los españoles. Ocurre que la medida con la que hemos abordado las demandas políticas de nuestro estado, que es la Constitución, resulta insuficiente o presenta carencias que inducen a realizar retoques en la misma. No tiene nada de particular que una sociedad aborde, o piense en abordar, retoques en su Norma Fundamental. Estos cambios son posibles, puesto que la misma Constitución los prevee y los hace posibles; y, a mi juicio, esas reformas son necesarias, precisamente en virtud de la tremenda fuerza integradora de la Constitución. No tiene sentido abogar por la parálisis constitucional cuando la gravedad del problema catalán demanda un tratamiento del mismo que solo puede ser ya de naturaleza constitucional, pues es en la Ley Suprema donde se fijan los compromisos y se proponen los objetivos políticos de la comunidad. De manera que creo que debe encontrase una fórmula constitucional, que redefina la posición catalana en la democracia española, cuyo modo de verificarse hasta este momento muchos catalanes consideran inaceptable. Mejor si esta fórmula, que debe inspirarse en la tradición catalanista, que así tiene una vertiente hacia dentro que considera la naturalidad de la condición política dual de los catalanes, tan catalanes como españoles, pero también una dimensión externa, que pide el reconocimiento español de la singularidad nacional catalana, se completa por una reforma de la Constitución que en un sentido federal renueve la forma territorial, estimulando los instrumentos políticos comunes, pero también el desarrollo del autogobierno de las Comunidades Autónomas y las posibilidades de intervención de las mismas en la vida del Estado, mejor articulado tras la renovación y asi más eficaz.