La hora de la verdad ante el secesionismo catalán

La ciudadanía asiste atónita y con creciente inquietud a lo que sucede en Cataluña, en cuyo Parlamento el próximo lunes se debatirá el comienzo del proceso de secesión, esa cacareada “desconexión” del resto de España en la que se ha empeñado el nacionalismo radical en una actitud tan altanera como suicida. No ha dejado de causar cierta extrañeza que el Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado por unanimidad la petición cursada por el PP y Ciudadanos de suspender cautelarmente el pleno del lunes que se ha concebido claramente como una apoteosis del secesionismo. El TC, sin embargo, ha argumentado su decisión haciendo prevalecer que el posible resultado del debate no ha de condicionar anticipadamente la viabilidad del mismo. Pero, a la vez, ha recordado al propio Parlamento catalán su deber de no tomar decisiones contra la legalidad vigente. Bien está la advertencia, aunque, naturalmente, el Parlament hará caso omiso de ella.

Para más inri, Junts pel Sí y la CUP presentaron ayer una enmienda a la declaración de ruptura con España, concebida como un anexo de desobediencia social que, con el pretexto de garantizar derechos básicos, pretende, entre otras cosas, no aplicar la Lomce ni la norma estatal de seguridad pública -la insidiosamente llamada “Ley Mordaza”-, o renegociar la deuda, insistiendo al futuro Govern en que cumpla exclusivamente los mandatos que procedan del Parlamento catalán.

La sociedad civil se está moviend, y así un grupo de abogados ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por presuntos delitos de provocación a la sedición y prevaricación por impulsar la celebración del pleno secesionista. Pero resulta de capital importancia que, una vez celebrado el pleno, con el resultado previsible, el Gobierno actúe sin dilación y sin medias tintas, con absoluta firmeza.

El Ejecutivo no debe tardar ni un minuto en impugnar la resolución para que se ponga en marcha el mecanismo previsto dentro de las leyes, con la automática admisión a trámite de la impugnación por parte del Tribunal Constitucional, que imposibilite cualquier actuación contra la legalidad. Y, de producirse, tomar las oportunas medidas que la propia ley facilita. El órdago lanzado por la Generalitat a todos los españoles es de tal calibre que no puede permitirse que siga creciendo ni que quede impune. Con el pleno del lunes del Parlamento catalán ha llegado la hora de la verdad.