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AMPLIO CONSENSO ENTRE LOS MAGISTRADOS PARA SUSPENDERLA ANTES DEL JUEVES

El Tribunal Constitucional anulará esta semana la resolución secesionista

EL IMPARCIAL/Efe
martes 01 de diciembre de 2015, 11:11h
Actualizado el: 02 de diciembre de 2015, 09:44h
El Tribunal Constitucional anulará esta semana la resolución secesionista
El pleno del Tribunal Constitucional ha incluido en su orden del día la la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista, tras conseguir un amplio consenso entre magistrados para suspenderla antes del jueves. Es posible que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la advertencia de la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo.
El pleno del Tribunal Constitucional ha incluido este martes en su orden del día la impugnación del Gobierno contra la resolución independentista del Parlament después de que su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, haya obtenido un amplísimo consenso entre los magistrados para anularla antes del jueves.

Fuentes del alto tribunal han informado de la decisión de incluir esta cuestión en el orden del día del pleno, que se está celebrando ya, y de que en las últimas jornadas el presidente y el ponente de la sentencia la han debatido informalmente con los otros magistrados hasta alcanzar un acuerdo que conducirá a la anulación.

Las mismas fuentes han señalado que aunque la suspensión cautelar de la resolución adoptada el pasado 11 de noviembre pierde ahora sentido ante la decisión definitiva, es posible que los fundamentos de la sentencia incluyan alguna referencia a la advertencia de la obligación de obedecer al alto tribunal que tienen las personas afectadas por su fallo.

El pasado día 11 de noviembre el pleno del Tribunal Constitucional suspendió por unanimidad la resolución independentista adoptada por el Parlament de Cataluña y decidió notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carme Forcadell. A todos ellos les advirtió de que podrían incurrir en responsabilidades penales si no acataran su decisión. Ambas decisiones fueron adoptadas en el auto del tribunal de garantías que admitía a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra la propuesta.

Aquel auto perderá ahora validez por cuanto el alto tribunal adoptará una resolución definitiva sobre el asunto, si bien un aspecto del mismo, la inclusión de una advertencia sobre la obligación de obedecer al alto tribunal a las personas afectadas, sigue vigente.
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