Relatando el pasado en tiempos electorales

Los socialistas burgaleses me invitaron a conmemorar el 37 Aniversario de la Constitución en un acto que tuvo un formato sencillo, pero que los asistentes lo apreciaron por su profundidad y autenticidad. Hubo intervenciones elaboradas de Esther Peña, Ander Gil, Luis Tudanca -los jóvenes dirigentes del socialismo burgalés y regional-, además de la mía, que se intercalaron con debates con el público presente, y que fueron estimulados y moderados por dos militantes del partido, Pedro de la Fuente, un veterano profesor, y Alba García, la secretaria general de las Juventudes Socialistas, una mujer de 23 años, de convicciones sólidas, pero nada dogmáticas, que a mí me gustaron por ser indicativas de lo mejor de una generación que nació en una España plenamente integrada en la Europa democrática.

En el coloquio se plantearon cuestiones interesantes, desde la legitimidad de la Monarquía hasta la función de los sindicatos en nuestra Constitución, y de todas ellas, me referiré a la pregunta que hizo el también joven portavoz en el ayuntamiento de Burgos, Daniel de la Rosa: -“¿cómo se ha llegado en Cataluña a la situación actual?”-

Contesté haciendo un breve relato del desarrollo del Estado de las Autonomías, a partir de una idea que me obsesiona desde hace tiempo: los problemas territoriales se ven agravados por el tipo de partidos políticos que tenemos.

El anteproyecto de Constitución, que los ponentes presentaron el 5 de enero de 1978, decía: “El Senado se compone de los representantes de los distintos Territorios Autónomos que integran España”, y a continuación, su entonces artículo 60, disponía que: “Los senadores serán elegidos por las Asambleas legislativas de los Territorios Autónomos”.

A Francisco Tomás y Valiente no se le escapó que esa redacción primera hubiera alumbrado un Senado distinto del actual, y lo que es más importante, un Estado de las Autonomías mejor definido en el propio texto de la Constitución, y mucho menos dependiente del llamado “principio dispositivo”.

Una de las consecuencias del “consenso” fue que finalmente todo dependió del “principio dispositivo”, es decir, de la voluntad de los partidos políticos y de sus acuerdos. El “consenso” no tuvo la potestad sobrenatural de prever el porvenir, y para corregir los defectos que ahora vemos y padecemos, reformar la Constitución es una necesidad imperiosa.

Durante el año vertiginoso que va de las elecciones legislativas y municipales de 1979 al referéndum andaluz de 28 de febrero de 1980, el “principio dispositivo" puso en marcha un Estado autonómico que nadie había previsto. Andalucía, contra pronósticos y contra el Gobierno de Adolfo Suárez, se convirtió en una Autonomía con iguales potestades que las de las “nacionalidades”. Navarra, por reacción al expansionismo nacionalista, se auto-otorgó un Estatuto parecido al Vasco, y en este caso, el “principio dispositivo” se apoyó, con gran imaginación, en la primera disposición adicional constitucional que establece, nada más, que: “La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales”. A partir de 1980, la carrera por dotarse de Estatutos tenía una velocidad enorme. España no iba a ser Italia, sino Alemania o Austria en su planta descentralizada.

Ante esta realidad, los dos grandes partidos, UCD y PSOE, firmaron los primeros “Acuerdos Autonómicos” (31 de Julio de 1981). Preocupados ambos por la integración de las nuevas Autonomías en el Estado, aprobaron la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), con la oposición, por motivos opuestos, de los nacionalistas y de Alianza Popular.

El primer intento de integración consistió en una ley.

Pero en agosto de 1984, el Tribunal Constitucional declaró la LOAPA inconstitucional. El Tribunal se declaraba como el más elevado resorte de integración de las Autonomías en el Estado, y confiaba en el Gobierno y su mayoría parlamentaria las funciones prácticas de integración. Este fue el segundo intento de integración, pero lo que el Tribunal no previó fue, primero, que iba a perder autoridad por las luchas partidistas de sus miembros, y segundo, que las mayorías absolutas de Felipe González nunca jamás volvieron.

En efecto, la mayoría absoluta de José María Aznar quiso intentar una distinta integración de las Autonomías en el Estado. El tercer intento de integración fue con el partido político (el PP se presentó como el único defensor de la Constitución), y ese intento trajo las peores consecuencias: la integración fue corrompida por las luchas partidarias, y pronto se produjo la desintegración correspondiente: ayer con Ibarretxe y su Estatuto secesionista, hoy con Mas y la lunática independencia de Cataluña.

Queda sólo el intento más razonable: que las instituciones, entre ellas, el Senado, integren las Autonomías en el Estado. No es una utopía imposible: entre 1994 y 1998 estuvimos a punto de hacer la reforma constitucional. En todos los Estados compuestos como España, son las instituciones del Estado, y no la política de un ministro de partido, las que cumplen las tareas integradoras.

Espero que esas reformas se hagan en la próxima legislatura. La inmovilidad reformista nos ha dejado atascados en el mal sitio en el que estamos. Es necesario el acuerdo, pero el consenso de 1977 no fue el punto de partida, ni mucho menos, sino el resultado final. Saqué el convencimiento de que puedo confiar en los jóvenes representantes que me invitaron a celebrar con ellos el 37 Aniversario de la Constitución.