Buscando la luz al final del túnel

Con este título, Unicef y la OIT publicaban hace más de una década un espeluznante informe acerca de la situación de miles de niños bolivianos obligados por diferentes circunstancias, aunque todas con origen en la pobreza, a trabajar en el duro mundo de la minería. El citado documento estaba incluido en la serie “Peores Formas de Trabajo Infantil y Violencia contra la niñez y la adolescencia”, y en él se narraba la constante vulneración de los derechos de estos menores. Su objetivo era sensibilizar a la sociedad y “romper el círculo vicioso de la pobreza que envuelve a miles de familias y afecta al desarrollo socioeconómico del país”. A pesar de los años transcurridos y de ciertas medidas adoptadas, así como la implicación de diversas ONG, como Kindernothilfe o Ein Herz für Kinder, el número de “mineritos” ha seguido en aumento sin que la llegada al poder de Evo Morales haya significado para ellos mejora alguna. Se unen dos factores. Uno definitivo, los niños son el eslabón más débil en cualquier cadena hecha de guerra, pobreza, desigualdad, exilio o marginación y otro, inconmensurable, a los regímenes populistas les va más eso de hablar y prometer que ponerse manos a la obra para acabar con las injusticias que prometen combatir.

Bolivia, como Venezuela o Cuba, son ejemplos de que cualquier movimiento se demuestra andando y no a base de insuflar a la población para obtener su apoyo en la calle. Por eso, en Bolivia los desfavorecidos siguen siéndolo y el caso de los niños mineros parece cada vez más difícil de erradicar. De hecho, en la zona minera de Potosí o en la zona aurífera de Tipuani, al norte de La Paz, se vive “mejor” que en las áreas rurales vecinas. En lugar de terminarse el problema, cada vez hay más familias que recurren a la denominada minería artesanal para sobrevivir. Artesanal, porque desde que en 1985 - a raíz de la crisis internacional del estaño y la implementación de una nueva Política Económica en el país - se cerrasen las minas administradas por el Estado, lo que llevó al paro del 80% de la mano de obra especializada, son pequeñas cooperativas las que continúan extrayendo minerales con medios obsoletos, medidas de seguridad insuficientes e incorporando a sus propios hijos como ayudantes. No sólo en la superficie, para cargar, trasladar y seleccionar mineral, también dentro de las minas, expuestos a la inhalación de gases tóxicos, manejando explosivos, arrastrándose por angostos túneles para manipular los carros metaleros. Y en la mayoría de los casos su esfuerzo no se traduce en una remuneración específica, porque la suya forma parte del ingreso que obtiene el padre. Sin olvidar una realidad social que golpea en muchas familias: el destino del ingreso de los adultos no es necesariamente el sostenimiento del hogar. Los altos índices de consumo de alcohol desvían con mucha frecuencia, de acuerdo con el informe de Unicef, el destino de los ingresos.

Un bucle infernal, en el que se calcula que estén girando 13.000 niños que trabajan en condiciones peores de las que lo hacían sus antepasados adultos hace cien años. Los saqueos de las minas abandonadas suponen la ausencia de vagonetas o railes y hay que cargar los sacos de mineral al hombro varios kilómetros hasta alcanzar el exterior. Por supuesto, tampoco hay ingenieros o técnicos que planifiquen el trabajo y cada cuadrilla perfora por donde quiere, sin un apuntalamiento decente ni sistema de ventilación. Cepromin (Centro de Promoción Minera), una ONG local, intenta hacerlo más llevadero para estos niños que jamás sabrán lo que en otros lugares del mundo supone serlo. La organización los acoge en sus centros al pie de las minas para que puedan comer y bañarse con agua caliente. También, para descansar y recibir clases, lejos de sus casas donde al alcoholismo se une su fiel compañera: la violencia. Mientras, el Ministerio de Trabajo boliviano asegura que su Plan para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil ya está en marcha, aunque el presupuesto destinado al mismo sea tan exiguo que su actuación no vaya más allá de enviar a unos cuantos inspectores a las bocaminas y organizar talleres de sensibilización.

Para muchos, la solución, si llega, lo hará demasiado tarde. No solo habrán perdido su infancia, la posibilidad de estudiar para tener un futuro mejor, porque lo que no tendrán será futuro. Su esperanza de vida es de 40 años y, por el camino, perderán audición por el ruido de las explosiones o las perforadoras, inhalarán gases tóxicos, se lesionaran músculos y tendones a causa de las posturas que han de mantener durante horas, estarán expuestos a afecciones de la piel y respiratorias, fiebre amarilla, reumatismo o tuberculosis. Por ellos, hay que seguir buscando sin tregua una luz al final del túnel.